La negativa a empadronar a ‘okupas’ enciende Martorell como un polvorín

Desde la Plataforma de afectados por la Hipoteca (PAH). del Baix Llobregat Nord, exigen a Fonollosa que cumpla con su responsabilidad y obligación de inscribir en el Registro Estadístico del Padrón Municipal a todas las personas que así lo soliciten, tal y como describe el BOE de 24 de marzo de 2015. Pero el alcalde insiste en que no existe una ley, ni del Congreso de los Diputados, ni del Parlamento de Cataluña, que obligue a empadronar a las personas que okupan una vivienda. Las discrepancias en un tema san sensible amenazan con prender la mecha. Y por su perfil sociológico, Martorell es un polvorín.

La cosa está que arde en Martorell. El pleno municipal del pasado mes de mayo aprobó una moción presentada por el equipo de gobierno de Junts per Martorell (JxM), del que forma parte Fonollosa, en contra la okupación ilegal de viviendas en los municipios del arco metropolitano de Barcelona. El texto fue refrendado con los votos a favor de JxMl y de Ciutadans (Cs). El PSC se abstuvo mientras que Movem Martorell y ERC votaron en contra. A la sesión asistieron como público miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para mostrar su rechazo a la moción.

Según Juanjo Pérez, concejal de Cs en Martorell, “a quién perjudica realmente la okupación ilegal es precisamente a la clase trabajadora”. El edil naranja asegura que “los grandes tenedores de viviendas tienen dinero suficiente para pagar cualquier cosa que tengan que aguantar. Sin embargo, los particulares que sufren una okupación de sus viviendas no lo tienen”.

Alternativa habitacional social

Soulimane Messaudi, edil de ERC en la ciudad, sostiene que” todas las ocupaciones que hay en Martorell son viviendas que pertenecen a grandes tenedores”. El concejal republicano afirma que su formación no se posiciona a favor de las okupaciones en general, y mucho menos de las okupaciones por parte de mafias, ni de las okupaciones de viviendas de particulares. Messaudi propone, para disminuir los casos de okupas “que todas las personas desahuciadas por grandes tenedores tengan una alternativa habitacional social”.

La concejal de Movem Martorell, Laura Ruiz, defiende “el derecho a la vivienda por encima de los intereses de las entidades bancarias por hacer negocio con un derecho fundamental”. Desde este grupo municipal “para el gobierno de JxM el derecho a la vivienda no es una prioridad” y lo argumentan en que de las 260 propuestas de su programa electoral, solo seis son de vivienda y tres están acotadas a perfiles de personas con necesidades especiales o algún tipo de discapacidad”.

Por si la situación no era ya de por sí compleja, una sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 17 de Barcelona acaba de resolver que no facilitar el empadronamiento a personas que no pueden certificar la titularidad del inmueble de residencia, “vulnera los derechos fundamentales”. La resolución judicial es la respuesta a una denuncia presentada por la oposición en el Ayuntamiento de Premià de Mar (Maresme) contra la negativa del equipo de gobierno de este municipio a empadronar a todo ciudadano que así lo solicite, una situación idéntica a la de Martorell.

El propio Xavier Fonollosa ha reconocido a los medios de comunicación locales y comarcales que no se está empadronando a ninguna persona sin título de propiedad o alquiler de una casa. Según la sentencia de Premià de Mar, el alcalde de Martorell también estaría incumpliendo la normativa de empadronamiento por los mismos motivos que el de Premià.

El pleno contra la okupación no ha puesto punto y final a las fricciones. Es más, ha acrecentado el enfrentamiento. Movem Martorell (vinculado a En Comú-Podem) acusa al gobierno municipal de haber caído en una deriva populista que está generando una alarma social interesada que no se sostiene con datos”.

En JxM (con mayoría absoluta) lo ven diferente. “No puede ser que alguien se marche de fin de semana y cuando vuelva se encuentre el piso okupado”, argumentan. La alcaldía lamenta que ”la okupación ilegal genera problemática, existen actividades delictivas y además hay impunidad. Y de eso es de lo que nos quejamos la mayoría de los alcaldes”, reitera Fonollosa.

En Comú Podem, denuncia que la negativa del consistorio a empadronar a okupas tiene graves consecuencias para los asaltantes de los pisos: “No tienen acceso a los contadores sociales de suministros, ni a la Mesa de Emergencia de la Generalitat, ni a poder negociar alquileres sociales con los bancos propietarios porque no están empadronados en el piso en el que residen”.

Apoyo para vivienda social

Desde ERC de Martorell aseguran que apoyarán al gobierno municipal si se trata de fomentar la vivienda social, pero “nunca nos encontrará para el uso electoral de un drama social ni para discriminar una parte de nuestro vecindario”. Los republicanos insisten al alcalde que debe aplicar “la ley en materia de empadronamiento de las personas sin un domicilio fijo, por motivos estadísticos y de seguridad”.

No obstante, Xavier Fonollosa recalca que solo existe una excepción donde sí que se permite el empadronamiento, y es cuando hay menores y siempre con un informe de servicios sociales. Además, cuando existe un caso en el que la familia se ha quedado sin trabajo y no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas, el Ayuntamiento de Martorell se hace cargo de la situación y presta las ayudas necesarias. Pero según el alcalde estos casos son mínimos, la mayor parte son mafias, que alquilan y venden las llaves de los pisos que se han quedado vacíos.

Según la PAH, la negación del padrón ha hecho que se multipliquen las mafias que cobran hasta 500 euros a una persona por empadronarla en una vivienda okupada -fuera de los cauces legales- y abrirle así la puerta a las ayudas sociales. Esta situación ha generado que actualmente en Martorell haya pisos con más de 20 personas empadronadas. Es el caso, por ejemplo, de una residente en el municipio que está empadronada en un piso con otras 83 personas, pero no vive en él.

Xavier Fonollosa, como vicepresidente del Arco Metropolitano, pide más apoyo para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad e incrementar la vivienda social. Desde su posición, reclama a la Generalitat que dote a los ayuntamientos de más recursos económicos para incrementar las ayudas a las personas en situación de exclusión social, y que se elabore un Plan Especial de Seguridad contra las mafias que okupan pisos vacíos para después vender las llaves a personas que se han quedado sin un sitio donde vivir.