Ni la urgencia por la espada de Damocles de la sequía ni la proximidad de elecciones autonómicas (12 de mayo) está sirviendo para que el Govern de la Generalitat mueva ficha en la dirección correcta y acabe de una vez con la incertidumbre que asola a los agricultores del Parc Agrari del Delta del Llobregat provocada por el proyecto de ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que promueve la administración autonómica. Es más, puede que esta falta de diligencia, y las “mentiras” que se dan cobertura, acaben no saliendo gratis, sino más bien al contrario, pues se corre el riesgo de que la Unión Europea (UE) abra “un expediente sancionador”, que vendría acompañado de “una multa millonaria”, alerta el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, principal patronal agraria del territorio.
Y es que sobre los cultivos de buena parte de Sant Boi y Viladecans (y algo menos de El Prat) pende la amenaza de la desaparición (o de la pérdida de rentabilidad de la actividad, que viene a ser lo mismo) si se acaba ejecutando la ampliación de la ZEPA que la conselleria d’Acció Climàtica se empeña en sacar adelante y justificar aferrándose a falsas exigencias europeas. El Parlament de Catalunya ha resuelto en dos ocasiones –mediante dos mandatos- que éste no es camino. Pero, por ahora, la conselleria sigue haciendo oídos sordos y ha vuelto a sacarse de la manga la posible ampliación (proyectada en julio de 2022) con una nueva ronda de contactos y cae “en los mismos errores de los tres últimos años”, para disgusto de la payesía.
Tergiversación “falaz”
Los dos mandatos del Parlament (del 28 de marzo y del 5 de octubre de 2023, respectivamente) recogen que se debe empezar desde cero, buscando el consenso de todas las partes. El objetivo es cumplir con las exigencias de la carta de emplazamiento remitida hace tres años por la Comisión Europea -en la que se exige que se aplaque el deterioro medioambiental del Delta del Llobregat- y que se ha tergiversado “de forma falaz”, según los agricultores, para justificar el plan de ampliación de la ZEPA patrocinado por el Govern de la Generalitat
“El Govern está incumpliendo los mandatos del Parlament relativos a la ZEPA del Baix Llobregat e insiste, sin justificación científica ni técnica, en la mentira de que es posible conciliar agricultura y medioambiente a través del abandono de más de 2.300 hectáreas de cultivo”, denuncia el Institut Agrícola. La patronal agraria atribuye el deterioro de la reserva natural del Delta a la “mala gestión” de la Generalitat en los últimos 20 años y lamenta que desde que se recibió la carta de emplazamiento “no ha habido respuesta, lo que aboca al Estado a afrontar otro expediente sancionador más”, advierten las mismas fuentes.
Sin las tres preceptivas mesas ni consenso
Las dos resoluciones del Parlament no solo subrayaron “la imperiosa necesidad de descartar la ampliación de la ZEPA y ceñirse a solucionar los incumplimientos que especifica la carta de emplazamiento”, como recuerda el Institut Agrari, sino que vincularon cualquier actuación en este sentido a que se alcanzara “un consenso mayoritario”. También se acordó la constitución de una mesa de trabajo específica para potenciar la actividad agraria del Baix Llobregat como hub agroalimentario catalán, una segunda mesa para mejorar las infraestructuras hidráulicas y una tercera para revisar la normativa del Parc Agrari.
Pero nada de eso se ha cumplido. Es más, la Conselleria d’Acció Climàtica persiste en su negativa “a un diálogo estructurado”, según los agricultores. La tozudez de la administración autonómica no haría sino delatar que el Govern “carece de los mínimos estándares técnicos” para justificar si actitud, lo que lo aboca a “una querencia por ideas nocivas y altamente perjudiciales para la sociedad catalana como el decrecimiento económico, la ‘criminalización climática’ del agricultor o la inconveniencia de que haya más y mejores servicios urbanos y periurbanos”, sostiene la patronal agraria. Es la misma dinámica del Govern en los tres últimos años, en los que ha imperado “un penoso cúmulo de desorden, falta de rigor científico-técnico, prejuicios ideológicos e incompetencia política que no ha hecho más que contribuir a seguir deteriorando un entorno natural clave del área metropolitana de Barcelona”, lamenta el Institut Agrícola de Sant Isidre.
Empecinado en un doble error
La patronal agrícola de referencia en el Baix Llobregat denuncia que “lejos de rectificar buscando el consenso y la verdad científica”, el gobierno de Pere Aragonés “continúa empecinado en un doble error”. El primero es postular que solo con multiplicar por 2,5 la actual superficie protegida ya basta para recuperar las poblaciones de aves y los humedales del Delta (incorrecto). El segundo, y más perentorio, es que pretende que el Parc Agrari pueda sobrevivir y mantener una cierta actividad agroalimentaria subvencionada en un marco de severas restricciones” (insostenible). “Ni una cosa ni otra son ciertas”, aseguran los payeses. Y menos aún “cuando a lo largo de los últimos tres años multitud de estudios técnicos, económicos y ambientales han mostrado el “cuello de botella” que la zona arrastra desde hace más de dos décadas” y que es exactamente lo que recrimina la carta de emplazamiento y “a lo que hay que dedicar el tiempo”, insisten.
La alternativa de los agricultores es que se establezca un plan de gestión del Delta del Llobregat “coherente, eficaz y correctamente financiado”, tres características que “ni están ni se las espera” en la política del actual ejecutivo de Aragonés desde que llegó al poder. Lo único que contribuiría a la preservación de las aves y los humedales sería una pequeña ampliación de la ZEPA “restringida a dos zonas muy concretas”. Cualquier otro tipo de expansión del área protegida “no está sustentado en la evidencia científica”, afirman desde el Institut de Sant Isidre.
Temor a la “inaceptable” compra de voluntades
Los payeses creen que se ha entrado en una peligrosa deriva en una “vía muerta” de la que resulta difícil escapar por vías “convencionales”. O lo que es lo mismo, el temor más extendido en el sector es que, a menos de un mes de las elecciones autonómicas, el Govern opte por la “inaceptable estrategia de compra de voluntades”. Algo nada descartable, según el Institut Agrícola, si hay que atenerse al errático historial de la Generalitat “que suma incompetencia con incapacidad administrativa” cuando ha tenido (o tiene, como ahora) que gestionar programas de ayudas urgentes, como, por ejemplo, para paliar la sequía.
“¿Cómo va a ser creíble un Govern que promete subvencionar a los empresarios y profesionales agrícolas afectados por la ZEPA si ni tan siquiera es capaz de gestionar con una mínima diligencia la Política Agraria Común de la Unión Europea (PAC) o los paquetes extraordinarios de ayuda contra la sequía?”, se pregunta la patronal agrícola.
Si (
No(
