La vivienda, un derecho a garantizar

Y es que el mercado inmobiliario privado, lejos de considerarse un elemento que garantice el derecho a tener una vivienda, se ha convertido en un campo de especulación para enriquecerse. Y aquí los poderes públicos tenemos una deuda pendiente con la ciudadanía para garantizar que lo público de la máxima cobertura posible a las necesidades de las personas.

En este sentido, la experiencia del Prat de Llobregat es un ejemplo de cómo se pueden impulsar políticas importantes en materia de vivienda desde el ámbito municipal.

En los últimos años, el ayuntamiento ha movilizado suelo municipal para desarrollar tres promociones de vivienda pública de alquiler, que suman más de 300 pisos nuevos con alquileres asequibles para que la gente del Prat tenga la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida en su ciudad. Así pues, durante el primer trimestre del 2026 se hará la entrega de llaves de la primera promoción, desarrollada por la Cooperativa Obrera de Viviendas. Y se seguirán las que está construyendo Hàbitat3 con la fundación Familia i Benestar Social, y la de la empresa pública municipal Prat Espais.

Estas y otras medidas como la promoción de la bolsa de alquiler social y el refuerzo de las ayudas al pago del alquiler son medidas locales que amplían el mercado público de vivienda y permiten dar mayores opciones a los jóvenes y las familias en su acceso a una vivienda a precios de derecho social y no de privilegio.

Sabemos que nuestra aportación al problema global es modesta, y que no resolveremos el problema de la vivienda con medidas mágicas, pero tenemos el convencimiento que desde lo público podemos hacer políticas para mejorar, dentro de nuestras competencias, las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Des del Prat estamos convencidas de que el compromiso de las administraciones en ésta y otras cuestiones de relevancia social hará posible hacer valer y avanzar en ciudades más justas, cohesionadas y habitables. III