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Menos caridad, más justicia

martes 20 de enero de 2015, 17:43h
Una de las cuestiones que surge con fuerza entre las entidades y organismos que trabajan en el ámbito de la ayuda a las persones en riesgo de exclusión o en una situación de extrema vulnerabilidad es la respuesta de los servicios sociales a sus demandas.
No es un debate menor, ni tampoco puede condicionarse a la disponibilidad de recursos en época de recortes como se hace, con frecuencia, desde planteamientos proclives a la laminación del estado del bienestar.

Los interrogantes surgen al constatar que la huella que dejará la crisis económica, profunda y persistente en el tiempo, será de un calado considerable, hasta el punto de trastocar la radiografía social con el crecimiento de las desigualdades y la aparición de lo que se denomina ‘nueva pobreza’.

Como contribución a este debate, el Síndic de Greuges de Cornellà dedicó el Día de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre, a reflexionar sobre el papel de los trabajadores sociales en el nuevo entorno socio-económico. Lo hizo de la mano de la decana del Col.legi oficial de treball social de Catalunya, Núria Carrera, una persona con opinión y con perspectiva, que fundamenta sus opiniones sobre la base de la experiencia y es un espíritu crítico en un mundo de incertezas.

¿Qué conclusiones podemos sacar de su intervención? La primera, y más importante, que en la ayuda a los damnificados por la crisis hay que incluir mecanismos de acompañamiento que les permitan encarrilar su futuro. Desde mi punto de vista, es esencial esta idea para preservar la dignidad de las personas. Los nuevos pobres son cada vez más jóvenes y no podemos, desde instancias públicas o privadas, someter su expectativa vital a la percepción de un subsidio.

Es verdad que se necesitan decisiones políticas para crear puestos de trabajo y rebajar la escandalosa cifra del 24% de parados, pero ante la eventualidad de que la tendencia económica mejore la necesidad de ayudar a las personas que actualmente se encuentran en precario, la necesidad de ayudar a su entorno a superar el trauma de la crisis y a los hijos garantizándoles el derecho a la igualdad de oportunidades es esencial. No es una declaración de buenas intenciones, es un objetivo justo e ineludible. Y esa es una de las tareas que pueden y deben hacer los trabajadores sociales.

Hay otros cometidos, cómo el de mejorar el trabajo en red, la promoción de alianzas con los movimientos y organizaciones sociales comprometidas en la defensa de la dignidad de las personas y la mejora de los canales de información.

El debate, en esa necesaria reformulación de los servicios sociales, debe servir para ahuyentar de forma definitiva el anacrónico dilema entre caridad y justicia. Los
‘síndics’, defensores de los derechos de las personas, lo tenemos claro. Me consta que los trabajadores sociales también. La justicia va ligada a un derecho y el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es explícito: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
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