Los ayuntamientos de Collbató, el Bruc y Esparreguera han mantenido una reunión con la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña para abordar el estado del anteproyecto de adecuación, reforma y conservación de la autovía A-2 en el tramo Martorell–Igualada. Durante este encuentro, se expusieron las principales preocupaciones y demandas de los municipios afectados.
La reunión, celebrada en la sede de la Demarcación, contó con la participación de representantes políticos y técnicos de los tres municipios. La jefa de la Demarcación presentó la evolución del anteproyecto, que fue sometido a exposición pública en 2011 y que generó una notable oposición ciudadana, especialmente en Collbató y el Bruc, debido al impacto territorial y paisajístico del trazado propuesto. Por su parte, los representantes locales plantearon las demandas específicas relacionadas con el impacto de las obras y las alternativas sugeridas.
Detalles del anteproyecto
Durante la reunión, se detallaron los cambios que implicaría el anteproyecto para Collbató, el Bruc y Esparreguera. En particular, se presentaron dos alternativas para el trazado de la autovía a su paso por Collbató: un falso túnel y una variante. La alcaldesa Gemma Rodríguez se comprometió a llevar estas alternativas a votación popular y solicitó al Estado un informe técnico detallado que permita informar adecuadamente a la ciudadanía sobre las opciones disponibles.
Además, se confirmó la posibilidad de crear un aparcamiento disuasorio para vehículos pesados entre Esparreguera y Collbató, pensado para situaciones invernales como nevadas intensas en el Bruc.
Compromiso con el territorio
Al finalizar la reunión, los tres municipios coincidieron en la necesidad de que el anteproyecto contemple soluciones consensuadas que minimicen el impacto ambiental y paisajístico. También enfatizaron la importancia de considerar las necesidades sociales, económicas y de movilidad de las comunidades afectadas.
Collbató, el Bruc y Esparreguera continuarán colaborando con la administración estatal a través de los canales de diálogo establecidos para defender los intereses del territorio y asegurar que sus demandas sean tenidas en cuenta en futuras decisiones sobre el proyecto.
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