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Siniestralidad laboral

Por Fernando Martín
A pesar de que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha cumplido más de dos décadas y de que cuando se promulgó existía un sentimiento esperanzador de que los datos de siniestralidad de España se podrían situar rápidamente a nivel europeo, no ha resultado así, puesto que la tasa de siniestros no deja de crecer.

España encabeza la clasificación europea de siniestralidad laboral, registrando el año pasado casi 600.000 accidentes que se cobraron la vida de 618 personas.

Los datos moderadamente alentadores ofrecidos por el Gobierno contrastan con el balance negativo que arrojan las estadísticas, avalado por los sindicatos, según el cual, el Estado y las Comunidades Autónomas deberían dotar de mayores recursos y medios de vigilancia al ámbito laboral.

Desolador
El panorama no puede ser más desolador si se estima que alrededor del veinticinco por ciento de las empresas españolas incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por ello, se debe exigir su cumplimiento, además de aumentar la formación en dicha materia dirigida a empresarios y trabajadores. Así, el empresario debe facilitar los medios suficientes para garantizar la inexistencia o minimizar los riesgos laborales, y el trabajador ha de ser capaz de velar por su salud y seguridad en el trabajo frente a estos riesgos.

Con estos antecedentes, podemos considerar ciertamente una utopía la previsión efectuada por la Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial (PESI), que pronostica la desaparición de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales de las empresas españolas en el año 2020, gracias a la implantación de las nuevas políticas de prevención de riesgos.

La precariedad en el trabajo propiciada por la reforma laboral, en cuanto al aumento de la temporalidad y de la contratación a tiempo parcial, está produciendo el deterioro de la salud y de la calidad de las condiciones de trabajo, según consideran los sindicatos. Asimismo, afirman que la reforma laboral se ha llevado por delante la estabilidad laboral y la formación para la prevención de riesgos. Además, mencionan la mayor presión que sufren los trabajadores e incluso que las medidas de prevención de riesgos laborales son invisibles y es fácil no aplicarlas, o no destinar la inversión que se debería a este campo

Por un lado, aumenta la carga de trabajo; por otro, durante la crisis las empresas han priorizado otros factores y la prevención ha pasado a un segundo plano; y, fundamentalmente, el cambio que ha habido de modelo de empleo, con contratos de pocos días y altísima rotación. El temor a perder el empleo supone una mayor presión para los trabajadores, lo que les hace asumir peores condiciones de trabajo.

Además, el aumento de la siniestralidad laboral comporta un elevado coste económico, representando alrededor del 3 % del Producto Interior Bruto Nacional, cifras que prácticamente triplican las de otros países de la Unión Europea, con una mayor tradición en la protección de la salud de sus trabajadores.

Triple vía de actuación
Urge adoptar un conjunto de medidas destinadas a combatir la siniestralidad laboral desde los ámbitos judiciales, de inspección de trabajo y empresarial. Entre ellas, ampliar los recursos destinados a Inspección de Trabajo, así como la oferta de plazas de empleo público para inspectores, y limitar el acceso a subvenciones públicas y a la participación de actividades empresariales concertadas con las distintas administraciones de aquellas empresas que incumplan de forma reiterada la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales, creando para esta finalidad una base pública de datos de empresas infractoras.

Los poderes públicos deben reflexionar sobre esta inquietante tendencia y acometer medidas adecuadas para hacer efectivos, entre otros, el derecho a la integridad física y moral, y el derecho a la protección de la salud, ambos inherentes a cualquier relación laboral y con incidencia directa en el bienestar de la ciudadanía en su conjunto y en el de las generaciones venideras. III

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