Las administraciones no son un fin, sino un medio para prestar servicios a los ciudadanos. Por este motivo, el modelo de organización territorial ha de ser racional para optimizar los siempre escasos recursos públicos.
Tenemos actualmente una galaxia de entidades supramunicipales que se superponen, muchas de ellas pensadas para colaborar en la gestión municipal, que difícilmente los ciudadanos podrán tener claras sus diferentes competencias y que, además, son de elección indirecta, por lo que la fiscalización ciudadana mediante el voto es también indirecta: consejos comarcales, áreas metropolitanas, diputaciones provinciales, consorcios… Hay estudios que indican que solo suprimir las diputaciones ahorraría 22.000 millones de euros porque, de media, solo el 40% de su presupuesto se dedica a inversiones o programas. Además, muchas de estas entidades se diseñaron pensando en que se pudiese llegar en un día a la capital cuando no se disponía de los actuales medios de comunicación y transporte.
Por lo tanto, en la actual situación económica de España con un déficit y deuda pública que ya eran excesivas antes de la pandemia, es pertinente plantear una racionalización de la organización territorial simplificando las entidades supramunicipales, manteniendo las que sigan una lógica de eficiencia de prestación de servicios. Desgraciadamente, una reforma de este calado es complicada porque requiere de amplios consensos y los partidos conservadores no solo no están dispuestos a renunciar a una herramienta que les permite repartir cargos sino que desean ampliarla como los independentistas con las veguerías. Sin embargo, es muy posible que nos veamos obligados a llevar a cabo medidas de este tipo si se agrava la actual crisis.
Es necesario que España recupere la senda de las reformas porque estamos perdiendo muchas oportunidades de subirnos al tren del progreso y la prosperidad. Desgraciadamente, nos hemos instalado en una dinámica de polarización que anula los debates sobre las reformas que son necesarias. III
Si (
No(
