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El ‘David’ unificado sigue en pie contra el ‘Goliat’ del impuesto metropolitano
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El ‘David’ unificado sigue en pie contra el ‘Goliat’ del impuesto metropolitano

Laura García Martínez

Bajo el lema “Garantía de cohesión social y reducción de las desigualdades” el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) describe el Tributo Metropolitano como un recurso otorgado por la Ley 31/2010 del Parlament de Cataluña para financiar los servicios prestados en el territorio metropolitano

Es decir, se trata de un impuesto en forma de un recargo sobre el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que se cobra el 1 de enero. Su objetivo es financiar trabajos necesarios en materia de infraestructura o mobiliario en lo que corresponde al territorio metropolitano, para tener una mayor adecuación del espacio público y que éste sea más ordenado, vertebrado, con mejor conexión, movilidad y funcionalidad. “El impuesto garantiza la cohesión social y la reducción de las desigualdades en la metrópolis barcelonesa y contribuye a la gestión y el mantenimiento de espacios naturales como la sierra de Collserola, los ríos Besòs y Llobregat, los 30 km de playas metropolitanas y la red de 51 parques metropolitanos” asegura el AMB.

También, posibilita un transporte público “de calidad, sostenible” a todos los habitantes del territorio , De hecho, AMB aspira a asumir los servicios de autobús de la segunda corona y mejorar su cobertura frecuencia e interconexión con la red metropolitana n (metro, FGC, Cercanías y TRAM). En enero de 2019 se dio el primer paso hacia este espacio globalizado, situando en la Zona 1 a todos los municipios metropolitanos, para garantizar un precio más bajo y facilitar la movilidad.

El siguiente paso fue ‘obligar’ a los 18 municipios de la segunda corona metropolitana (Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló y Torrelles de Llobregat) a sumarse al pago de este tributo que ya se pagaba en la primera corona: Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà, Esplugues, Gavà, L’Hospitalet, Montcada i Reixac, Montgat, El Prat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Tiana y Viladecans).

AMB asegura que el tributo permite a todos los ciudadanos moverse en transporte público a lo largo y ancho de la doble corona con la tarifa única de una zona. Por tanto, argumenta AMB, si se equiparan las prestaciones de servicios públicos, se debe contribuir también de forma unitaria a la financiación de estos servicios vía impuestos. Según AMB, quienes más se benefician del impuesto son los ciudadanos que usan con frecuencia el transporte público porque han notado “una baja notable en el precio” del servicio.

Sin embargo, el tributo ha despertado una fuerte oposición, encabezada por la Plataforma No Tribut AMB Unificada (PNTAU), que aúna a los diferentes colectivos locales contrarios al impuesto. Su portavoz, Armand Capdevila, reitera que desde 2019 está reclamando “que se suprima un tributo metropolitano que se empezó a cobrar sin previo aviso en la segunda corona”. Capdevila califica de injusto el cobro “porque sus municipios no estaban en igualdad de condiciones”.

Cuatro informes de apoyo del Síndic de Greuges
Hasta el día de hoy, la Plataforma NO Tribut AMB ha mantenido reuniones con partidos políticos a nivel local y también con diputados y diputadas del Parlament de Catalunya. Según cuenta la entidad, “la mayoría reconocen los abusos en torno a esta cuestión, pero se ponen de acuerdo para seguir cobrándole a la ciudadanía”. El propio Síndic de Greuges de Catalunya ha dado la razón a la Plataforma, emitiendo cuatro informes donde expone todas las irregularidades. El Sindic de Greuges también considera que el impuesto supone un agravio comparativo para los ciudadanos de la segunda corona metropolitana porque el pago del mismo no se ha traducido en mejoras que equiparen transporte y servicios entre los municipios ni se han introducido mejoras sociales como, por ejemplo, la Tarjeta Rosa gratuita.
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