La economía y sus tormentas veraniegas

Así, la reunión del Eurogrupo el pasado 21 de julio aprobando, entre otras medidas, la concesión del segundo programa de apoyo a Grecia, además de la supuesta misiva enviada con posterioridad a nuestro país por el Presidente del Banco Central Europeo instando la contención del déficit público, constituyen factores que supuestamente deben contribuir a mejorar el panorama actual.

No obstante, el plan de rescate al país heleno y las modificaciones del fondo de estabilidad europeo se encuentran en fase de ejecución, dado que su viabilidad requiere la aprobación de los Parlamentos de los distintos países integrantes de la zona euro. Por ello, los organismos económicos internacionales exigen su inmediatez a pesar de las dudas que genera la economía griega.

Además, la posibilidad de que la economía española tuviera que acceder al fondo de rescate europeo en el mes de agosto obligó al ejecutivo central a adoptar medidas para moderar el déficit público, entre ellas, la cuestionada reforma constitucional para fijar un techo de gasto del déficit estructural.

La limitación del déficit de las diferentes administraciones públicas ya se estableció en 2006 mediante una Ley de Estabilidad Presupuestaria, ampliada el pasado mes de julio haciéndola extensiva a las diferentes comunidades autónomas; sin embargo, parece no ser suficiente desde la visión de nuestros observadores exteriores. Así, y al igual que sucedió con la reforma constitucional acometida en Alemania en 2009, se antoja ineludible modificar la Constitución a dichos efectos, vinculando a una ley Orgánica que se aprobará como muy tarde en junio del año próximo, el establecimiento del porcentaje de déficit público máximo exigido a las administraciones central y autonómicas, y equilibrio presupuestario para las administraciones locales.

El método a aplicar resulta evidente, se trata de establecer un principio mediante el cual no se debe gastar más de lo ingresado con objeto de no incurrir en déficit, o bien, de que éste no supere para el conjunto de administraciones públicas alrededor del 0,40 % del Producto Interior Bruto.

Aunque resulte paradójico, la aprobación de la reforma constitucional exprés no ha mejorado los parámetros económicos, registrándose un incremento de la prima de riesgo, además de reducir la cuantía de las emisiones de deuda pública española posteriores a la aprobación de dicha medida.

Esto no hace sino constatar la enorme volatilidad de la economía mundial, y la escasa repercusión que las reformas individuales de los países representan en el concierto global. Por tanto, además de la unión monetaria europea ya acometida, se debe consolidar un gobierno económico europeo que supondrá una pérdida de la soberanía nacional. En ese nuevo entorno, las directrices vendrán impuestas desde instituciones supranacionales que habría que reforzar, fijando principios de derecho global de obligado cumplimiento.

Asimismo, además de acuerdos puntuales como la presente reforma constitucional, sería exigible alcanzar un Pacto de Estado nacional que incluya a los partidos políticos que forman parte del abanico democrático español, sindicatos y organizaciones empresariales. ||