La nueva reforma educativa

Así, el PISA de la OCDE o el más reciente PIAAC en materias como lengua y matemáticas para adultos de 16 a 65 años, nos sitúan en los puestos más desfavorables de la clasificación de países desarrollados.

El clima de crispación en el sector desembocó el pasado 24 de octubre en la tercera huelga general del año en el sector de la educación. Las dos anteriores fueron contra los recortes y la reforma que impulsa el ministro Wert. Por una parte, el Gobierno considera que la situación de la escuela española ha fracasado y requiere, sin más demora, un nuevo escenario, con un abandono educativo temprano próximo al 25 por ciento. Por otra parte, la oposición califica la nueva ley de segregadora, como una afrenta a la escuela pública y a las competencias autonómicas.

Sea como fuere, si una vez tramitada la ley en el Senado y tras su regreso al Parlamento resulta aprobada, se dará paso a la séptima ley orgánica reguladora de la educación en la etapa democrática. Como tantas otras, ausente del consenso social y político que habría de permitir un entorno de estabilidad en un sector tan sensible y de vital importancia.

Se ha llegado a este extremo porque la educación ha centrado la batalla política en las sucesivas legislaturas, con una visión cortoplacista, sin establecer un programa sólido y eficaz que permitiera generar un clima de confianza, al margen de ideologías. Además, en el momento actual se suman recortes presupuestarios en escuelas y universidades, el endurecimiento de los criterios académicos para la obtención de becas, encarecimiento de las matrículas universitarias, disminución de profesores que impiden acometer programas de apoyo a alumnos con dificultades.

Además, el presupuesto previsto para la aplicación de la reforma educativa fue considerado como excesivo por el Consejo de Estado, con la evidente preocupación de las comunidades autónomas que deberán asumir parte del mismo.

Resulta incomprensible que se hayan aprobado asuntos de especial calado como las evaluaciones externas, la estructura de la educación secundaria o el fortalecimiento de la Formación Profesional, sin el consenso de los diferentes sectores educativos que sería menester.

Sea como fuere, se requiere un modelo de escuela que garantice la participación de la comunidad educativa. En ese sentido, la nueva ley propone un modelo de dirección gerencial y jerárquico que limita dicha participación, así como el carácter decisorio del Consejo Escolar, cuya finalidad será única y exclusivamente consultiva.

En conclusión, la huelga refleja un fracaso negociador, realmente grave en un campo fundamental como la educación. Por ello, se debe exigir a los políticos que nos representan que antepongan los criterios de calidad en la enseñanza a los puramente ideológicos y no reduzcan los recursos destinados a educación. Todo ello, en aras de abandonar los puestos de cola en los informes que periódicamente se publican en dicha materia, de enorme trascendencia para una próspera salida de la crisis.||