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El laberinto catalán
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El laberinto catalán

6 de novembre

Cualquiera diría que han pasado muchas cosas en estos pocos días pero en realidad han pasado menos de las previsibles en el ámbito auténticamente trascendente que es el político.

En el orden judicial han pasado bastantes: los encarcelamientos, la orden internacional de detención y entrega, la decisión de la judicatura belga por la cual quedan en libertad con controles, Puigdemont y los cuatro ex consellers que están en Bruselas, las declaraciones de las asociaciones judiciales poniendo en tela de juicio no solo la petición de la Fiscalia General sino también la competencia de la Audiencia Nacional para tratar los casos aceptados, y las distintas valoraciones de las instancias judiciales para los mismos delitos, etc.

Todos estos aspectos judiciales que corren en paralelo con el devenir político tienen, a mi juicio, dos consecuencias que inciden sobremanera en él. La primera es que abundan en la crisis del Estado. La segunda es que inciden sobre el escenario electoral de manera muy sobresaliente.

En el primer caso, lo que se está viendo es que no hay criterios generales para tratar problemas políticos desde los tribunales. Si ya es muy discutible, ahora que apenas hay delitos de terrorismo, la existencia atípica de la Audiencia General, todavía lo es más que las altas instancias del Estado no sepan a que órganos jurisdiccionales hay que enviar los casos de supuestos delitos idénticos que afectan a aforados y a no aforados. A no ser que las decisiones no las dicte el criterio jurídico sino otro, que nos debería dejar atónitos. Estos hechos desprestigian a la Fiscalía General, ya suficientemente maltrecha, y a la Audiencia Nacional, politizada en exceso por otros casos y pone en entredicho la objetividad de uno de los tres poderes del Estado que soporta el régimen de democracia homologada en el que estamos instalados.

En el segundo caso, la decisión de la judicatura belga que premia objetivamente la huida de la justicia española por parte de Puigdemont y adláteres, sitúa en condiciones muy distintas la participación de quienes están en prisión en España de quienes están en libertad en Bélgica, en las elecciones del 21-D, sobre todo después de la decisión, reciente, de participar como candidato Puigdemont y de que el PDeCAT prevea contar con todos los exconsellers que lo deseen en sus listas.

En el ámbito político han pasado menos cosas. Tan solo reuniones de las ejecutivas de algunos partidos y algunas decisiones de las organizaciones afines, como la convocatoria de huelga general del día 8 o la manifestación del sábado 11.

Apenas se puede concluir al respecto que habrá por lo menos seis listas distintas al Parlament con posibilidades de conseguir representación —a expensas de saber qué hará definitivamente la CUP— y que las primeras encuestas coinciden en asegurar que la primera fuerza será ERC pero que la segunda y la tercera serán, previsiblemente, listas contrarias al independentismo (Ciudadanos y el PSC) que sumarán conjuntamente más diputados que la primera. Lo que pase más abajo de estas fuerzas habrá de determinar hacia donde se inclina el proceso catalán del 2018 y siguientes.

Varios escenarios

Pero como que toda la atención se ha centrado estos días en el desbarajuste judicial y carcelario, las auténticas decisiones que han de marcar el futuro todavía están en el limbo. Y son las importantes y, vistas en perspectiva, no resultan demasiado tranquilizadoras

Entre estas decisiones que se habrán de tomar en los próximos días, alguna de las más importantes tiene más que ver con los programas que se defenderán, que con los nombres que configurarán las cabeceras de las listas. Pero, sin duda, lo auténticamente trascendental serán los resultados que arrojen las elecciones. Aquí pueden pasar muchas cosas distintas en muchos escenarios diferentes y en todos los casos con una inestabilidad preocupante.

Un primer escenario es el del triunfo en diputados, improbable, de los partidos constitucionalistas (Ciudadanos, PSC y PP) que permita una mayoría estable en el ámbito nacional catalán aunque seguramente inestable y complicada a lo largo del tiempo. Aquí es imposible dar por probable un pacto que incluya a los Comuns si el acuerdo ha de incluir a Ciudadanos o al PP. El segundo escenario es un gobierno de izquierdas que aplace la cuestión nacional, porque si no es imposible, entre ERC, PSC y Comuns —que pueda incluir o no a la CUP—.

Este escenario daría una relativa estabilidad, pero mantendría la alerta del PSC en el ámbito nacional y cualquier desliz en este campo provocaría una enorme oposición de Ciudadanos y el PP, por un lado, o del PDeCAT y la CUP, por el otro, capaz de provocar contradicciones internas importantes. El tercer escenario es una reedición del ‘procés’ —la misma mayoría de ERC, PDeCAT y la CUP reciente— con otros mimbres o con los mismos. Si los programas no varían, se presentará la carísima paradoja de un gobierno legitimado por las urnas, con un programa electoral perfectamente ilegal que pretenderá arrancar la nueva situación a partir del momento exacto anterior a la aplicación del 155 y con una perspectiva de consolidar a corto plazo una nueva DUI.

Para ello el Estado no tiene nuevos recursos y los partidos constitucionalistas del Parlament probablemente reaccionarían de la misma manera, con lo que la situación sería todavía más grave que la que hemos vivido recientemente. Un cuarto escenario, mucho más improbable, lo podría diseñar un gobierno en minoría de Ciudadanos y PP, con apoyos puntuales del PSC y los Comuns y una fuertísima oposición nacionalista. Y todavía podría haber un quinto escenario que estaría sujeto a lo que indiquen los programas electorales en el bando independentista.

Podría pasar que, a la vista de lo ocurrido, alguno de los partidos independentistas se replanteara la estrategia de la independencia, en la perspectiva de un nuevo pacto de Estado de contenido federalista que abriera nuevos cauces de futuro. Esto podría ser más fácil en el PDeCAT pero no es en absoluto descartable en ERC, aunque esta solución, realista en el fondo, no estaría exenta de una fuerte sangría de militantes que podría modificar el actual esquema de partidos.


Poco nivel

En cualquiera de los casos, el panorama que se abre no resulta nada alentador. El caso catalán no tiene visos de diluirse a corto plazo, a no ser que haya un auténtico impulso renovador en el país que tendría que partir necesariamente de los partidos de ámbito estatal, con una reforma de la Constitución participativa y amplia que garantizara a las formaciones nacionalistas una intervención efectiva en el diseño territorial y plurinacional del Estado.

Ahora nos estamos distrayendo con las declaraciones aquí y allí, las decisiones judiciales, las caceroladas, las manis, las convocatorias de huelga, las carteladas, los cortes de tráficos, y no parece haber espacio en las cúpulas de los partidos para lo más importante que es la discusión de la estrategia, del programa, del horizonte. Los aparatos de los partidos son hoy cualquier cosa menos un ámbito de discusión inteligente. En la crisis del Estado, total, los partidos son el eje que chirría. Y en el laberinto catalán, nadie parece estar a la altura.


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