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El taxi, en defensa del servicio público

Por Luis Berbel, presidente del Sindicat del Taxi de Catalunya.

viernes 01 de marzo de 2019, 09:58h
Lo que està sucediendo en el sector del taxi, no va más lejos de lo que ha sucedido y sucederá en los diferentes sectores económicos donde las multinacionales y las trans nacionales pretenden liberalizar diferentes sectores económicos en detrimento de esos mismos sectores y de la ciudadanía en general.

La pretensión, con el sector del taxi, es liberalizarlo para después eliminarlo y dejarlo en manos de los grandes operadores económicos ligados íntimamente con las grandes plataformas digitales. Las administraciones, en cabeza el AMB, presidida por Ada Colau, ha recogido el sentir del sector, e intenta regular a las VTC en la medida de sus competencias.

La Generalitat de Catalunya, en un recién decreto aprobado por el Govern tras las protestas de los taxistas en la calle, ha decidido marcar una diferencia entre VTC (vehículos de alquiler con conductor) y taxis. Objetivo número uno de los taxistas en las protestas que realizaron tanto en el mes de julio de 2018 como ahora en el mes de enero. Los servicios de las VTC han estado de siempre diferenciados y su naturaleza ha sido distinta al de los taxis.

La actual situación remonta a los vacíos legales producidos entre 2009 y 2015, provocados por la caída de la normativa en los tribunales, tras las modificaciones que produjo la ley Omnibus en la LOTT (Ley Orgánica de Transportes

Terrestres), que finalmente dejaron liberado el sector de las VTC . Anteriormente a esta normativa existía una licencia de VTC por cada 30 taxis para atender la diferente demanda de ambos sectores.

Las VTC de forma tradicional han realizado servicios con vehículos de alta gama para bodas, entierros, solicitudes por parte de las empresas para directivos, gerentes…. Tras las sentencias favorables, producidas por la negativa de la

Administración a su concesión, amparándose en la normativa existente, se produjo un aluvión de autorizaciones de VTC por todo el territorio español, pero sobre todo en las grandes capitales como Barcelona y Madrid.

Hay que añadir que todo ha sido una trama que para algunos ha representado un pelotazo millonario. Aquellos que obtuvieron las autorizaciones, todas por vía judicial, al poco tiempo las vendieron a terceros o a empresas superpuestas de UBER y CABIFY. Autorizaciones que costaron no llega a las 40 euros, tasas adminsitrativas, y vendidas posteriormente por 50.000 o 60.000 euros. ARES Capital, por ejemplo, solicitó en Catalunya 1.100 autorizaciones, la inmensa mayoría vendidas posteriormente.

Uber y Cabify, las grandes plataformas tecnológicas, se han aprovechado de esta circunstancia. Primero entró Uber, disfrazado de economía colaborativa y operando con vehículos y conductores particulares sin cumplir ninguna normativa sobre transporte de viajeros. Tuvo que retirarse a finales de 2015 tras una sentencia de un tribunal español.

Más tarde, Uber lo volvió a intentar, pero con vehículos VTC. No para realizar el trabajo tradicional de éstos, sino para suplantar al sector del taxi. Dos sectores totalmente diferentes. Un servicio totalmente desregulado (VTC) contra un servicio regulado por las administraciones como es el sector del taxi.

Diferentes sentencias durante estos años han dado la razón al sector del taxi. En el 2017, el Tribunal Europeo sentenció que Uber y Cabify no eran plataformas digitales, sino un servicio de transporte y por la tanto no podía operar con conductores particulares. Para trabajar necesitaba licencias de transporte.

En junio del 2018, el Tribunal Supremo avala la existencia de una proporcionalidad (1 VTC por cada 30 taxis) y la preservación del taxi como “un servicio de interés general”.

La avalancha de VTC’s ha sido tremenda y las administraciones han entrado a regular las VTC’s petición unánime del sector. Por un lado fue el decreto ley de septiembre de 2018 donde el Ministerio de Fomento avala a las CC.AA. y Ayuntamentos para que puedan regular al sector de las VTC’s y además las adscribe a solo poder hacer servicios interurbanos aunque le da una moratoria de 4 años para realizar servicios urbanos.

Tanto la Generalitat de Catalunya como el AMB han cogido el testigo dado por el Ministerio de Fomento y han iniciado el proceso para regular las VTC’s. Fundamentalmente para preservar el servicio público del taxi.

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