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La juez espera a Núria Marín para que niegue sus vínculos con la corrupción
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La juez espera a Núria Marín para que niegue sus vínculos con la corrupción

viernes 08 de enero de 2021, 08:00h
La socialista reitera que “no hay motivos” para dimitir como alcaldesa de L’Hospitalet ni como Presidenta de la Diputación de Barcelona. La policía la cree presunta autora de los delitos de, prevaricación, malversación y de omisión de su deber de perseguir un delito

El año 2020 no acabó demasiado bien para la alcaldesa de L’Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín (PSC). Marín fue detenida y puesta en libertad con cargos en diciembre y tendrá que comparecer ante el juzgado número 2 de L’Hospitalet como investigada (antes, imputada). La Policía Nacional, que fue quien interrogó a la alcaldesa, la cree autora de los presuntos delitos de prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir un delito en relación con el caso de posible corrupción que salpica al Consell Esportiu de L’Hospitalet, y en el que están encausadas 13 personas, entre ellas dos concejales del Ayuntamiento de L’Hospitalet y el secretario general d’Esports de la Generalitat, Gerard Figueras. A todos ellos se les atribuye también el delito de pertenencia a organización criminal.

Pero antes de las campanadas (y para poder demostrar su inocencia,y que siempre ha actuado de forma transparente en este feo asunto, como sostiene), la primera edil de L’Hospitalet pidió a la juez que instruye la causa del consejo que le tomara declaración, “lo antes posible”. Sin embargo, todavía no se sabe si la juez llamará a declarar a Núria Marín con carácter de urgencia, como la investigada solicita, o si lo hará siguiendo el curso normal de la instrucción, cuando llegue su turno.

La petición de Nuria Marín no ha bastado para que varios grupos de la oposición (tanto municipal como en el organismo provincial) le hayan exigido que dimita, cosa que la alcaldesa se ha negado en redondo a hacer, alegando que es inocente y que “no hay motivos”.

Es cierto que el código ético de algunos partidos políticos obliga a sus miembros a dimitir en cuanto surge el más mínimo atisbo de sospecha, aunque solo sea por la investigación policial o el inicio de diligencias, Sin embargo, las normas en el PSC son algo más laxas y no se exige que un investigado deje el cargo hasta que la justicia no lo encausa de forma definitiva, tras prestar declaración.

La alcaldesa está “muy tranquila” porque cree que actuó correctamente y con diligencia en cuanto fue informada de las posibles irregularidades contables en el organismo que fomenta el deporte escolar en la ciudad. Además, afirma que desconocía la existencia de una posible trama corrupta en el consejo deportivo hasta que no se lo comunicó el entonces teniente de alcalde, y ahora solo concejal, Jaume Graells (PSC). Graells es quien destapó el caso y puso los hechos en conocimiento de la justicia.

Núria Marín sigue reiterando que en cuanto Graells le alertó de las irregularidades (el pasado mes de febrero) se puso en contacto con la secretaría general del ayuntamiento para ponerla al corriente de la situación. Después, Marín explica que se reunió con los dos concejales del PSC imputados en la trama: el segundo teniente de alcalde, Cristian Alcázar, y el exconcejal de Deporte y expresidente del Consell Esportiu, Cristóbal Plaza. Ante las versiones contradictorias aportadas por ambos, la alcaldesa ordenó “una auditoría completa de carácter fiscal, contable, económico y de gestión para determinar si había malas praxis,” en el consejo y solucionar la crisis “a nivel interno. Pero deberá ser la juez quien determine si la alcaldesa actuó con corrección, ya que parece difícil que se beneficiara de la trama.

No obstante, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la cosa es seria porque, al parecer, se habrían falsificado actas de las asambleas del Consejo del Deporte de L’Hospitalet para justificar subvenciones. Así, mientras que una de las actas de 2019 presenta unos ingresos y gastos anuales de 410.000 euros, (de los que se informó a los socios), en otra acta correspondiente al mismo año, que se presentó a la Generalitat, el importe se eleva a 920.000 euros. Más de medio millón de euros de diferencia.

La imputación de Marín ha desencadenado un auténtico terremoto político, sobre todo por las presiones de ERC para que dimitiera. El ataque más fuerte se ha producido en la Diputación de Barcelona, donde los republicanos pidieron a JxCat que rompiera con el PSC para así gobernar juntos en el organismo provincial. III

La trama de desvío de subvenciones de L’Hospitalet se cobra su primera víctima
El exconcejal de Deportes de L’Hospitalet y edil del distrito de Bellvitge, Cristóbal Plaza, presentó su dimisión a finales del año pasado “para facilitar la investigación” judicial que pesa sobre el Consell Esportiu de L’Hospitalet, entidad que presidió durante 15 años. Plaza fue detenido y puesto en libertad con cargos el 10 de junio de 2020 acusado del presunto desvío de subvenciones públicas para fines privados. No obstante, el cese del concejal también se relaciona con el hecho de que esté siendo investigado por haber cobrado una presunta indemnización fraudulenta de 47.147 euros cuando abandonó su cargo en el consejo -de designación municipal- porque su relevo había sido pactado. En junio, Plaza renunció a su puesto al frente de la concejalía de Deportes, pero mantuvo su sillón en el plenario municipal.
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