El Prat, Viladecans y Sant Boi exigen a la Generalitat que se implique en la protección del Delta

Los alcaldes de los tres municipios con suelo en el entorno natural del Delta del Llobregat -El Prat-Viladecans y Sant Boi- han dado este miércoles un golpe encima de la mesa para reclamar una mayor atención de las otras administraciones públicas (Área Metropolitana de Barcelona, Dipuación de Barcelona, Gobierno de España y, en especial, del Govern de la Generalitat) que se garantice que aumenta la protección de los humedales de la desembocadura. Los tres ayuntamientos han exigido una gobernanza común de la zona natural y del Parc Agrari del Baix Llobregat y una aumento de la dotación económica que “asegure el futuro de esta infraestructura estratégica”, han coincidido los primeros ediles.

Ante la falta de respuesta de las administraciones competentes y el respuesta a la advertencia de la Comisión Europea de que se deben preservar mejor los espacios naturales deltaicos, los alcaldes han anunciado que están redactando un documento en el que se cuantifican “las inversiones necesarias para aumentar la conservación y aumentar el área de protección de los humedales protegidos, para evitar la regresión del litoral del Delta y para garantizar la regeneración y la calidad del agua de las lagunas y los humedales” de la zona, han avanzado los alcaldes de El Prat, Lluís Mijoler, de Sant Boi, Lluïsa Moret, y de Viladecans, Carles Ruiz.

Una vez vencido el plazo dado de dos meses por la UE para regularizar la situación de los espacios protegidos (bajo la amenaza de que el caso acabara en el Tribunal de Justicia europeo), los tres municipios siguen sin noticias sobre el tema. Solo se tiene constancia de que el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat se han reunido para consensuar un escrito de respuesto pero se desconoce su contenido, si ya se ha hecho llegar a la comisión y si ha habido o no una respuesta favorable de la administración comunitaria.

Dos meses sin avances

Los ediles han lamentado que se tiene la sensación de que, durante estos dos meses, “no se ha avanzado en el logro de los requerimientos exigidos por la Comisión Europea para mejorar la protección de los espacios naturales del Delta del Llobregat”. Por eso, han reclamado a la Generalitat (con competencias en los espacios naturales) y al Estado (administración responsable del aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona-El Prat) “que aceleren los planes, medidas e inversiones para cumplir con las exigencias europeas”.

Van pasando los años y el agujero negro de la protección del espacio natural de la desembocadura del río sigue estando en la redacción y presentación del Plan especial de protección del medio natural y del paisaje del delta del Llobregat, pendiente desde 1994 y responsabilidad de la Generalitat. Lo más triste es que desde los consistorios se sabe que en 2019 se les informó de que el plan ya estaba listo y que solo faltaba actualizarlo. Por eso los tres municipios han reclamado al unísono que con “la máxima celeridad” posible se presente en sociedad un planeamiento que es “fundamental para garantizar la conservación de la biodiveridad del Delta”, en tanto que delimita la superficie de los espacios naturales, afina el grado de protección de cada enclave y define la normativa aplicable y el programa de actuaciones e inversiones necesarios para garantizar la ejecución del plan.

Actuaciones prioritarias

Mientras se ultima el plan especial, los Ayuntamientos de El Prat, Sant Boi y Viladecans ya están fijado una lista de actuaciones prioritarias a las que también se debe dar respuesta con las consiguientes inversiones. Entre ellas destaca dar cumplimiento a la principal exigencia de la UE: revertir el aparcamiento de taxis próximo a la terminal T1 del aeropuerto barcelonés que interrumpe el conector biológico de Can Sabadell,

Además, los alcaldes proponen realizar una evaluación ambiental global (que precise el impacto ambiental definitivo y actualizado de las obras e infraestructuras del Plan Delta), ampliar los espacios protegidos para garantizar la preservación de los espacios naturales y de la biodiversidad, definir propuestas para poner freno a regresión del litoral deltaico (incluyendo la reposición de arena de las playas) e impulsar “urgentemente” la recuperación de la calidad y cantidad del agua de las lagunas de la Ricarda, Cal Tet y el Remolar.

Aumento de la inversión

Todo ello con la garantía de que las administraciones (Generalitat, Aena y Puertos del Estado) harán las pertinentes aportaciones económicas a los consorcios que gestionan los espacios protegidos y el Parc Agrari y aumentarán la inversión con el fin de proteger los conectores biológicos internos y externos que garanticen la continuidad de las comunidades biológicas deltaicas.

Y, por último, aunque no por ello menos importante, los tres ayuntamientos han ratificado que “descartan cualquier ampliación de infraestructuras -como el aeropuerto o el puerto- que suponga una pérdida de espacios naturales o agrícolas protegidos”. Es decir, que la propuesta de AENA de prolongar la tercera pista del aeropuerto de El Prat arrasando la laguna protegida de La Ricarda tiene pocos visos de salir airosa de la contienda.