La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una red de trata de seres humanos con fines de explotación laboral en el marco de la operación Lhotse-Tiger. Han sido liberadas 45 víctimas, que vivían y trabajaban en condiciones infrahumanas y detenidas nueve personas en varias provincias. La organización captaba migrantes vulnerables con falsas promesas de trabajo digno en España.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en el marco de la operación Lhotse-Tiger. La investigación, que ha durado más de un año, ha culminado con la liberación de 45 víctimas que eran obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas en fincas agrícolas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.
La red, con base en la provincia de Zaragoza, estaba integrada por ciudadanos de origen pakistaní y argentino, quienes captaban a migrantes en situación de vulnerabilidad —provenientes principalmente de Nepal, Pakistán e India— con promesas falsas de trabajo digno en España. Una vez en el país, las víctimas eran despojadas de su documentación, confinadas en alojamientos insalubres y obligadas a pagar por el transporte, la vivienda e incluso por el acceso a un empleo.
El operativo ha permitido detener a nueve personas, entre ellas una mujer de L’Hospitalet que habría exigido dinero a un trabajador explotado a cambio de su documentación. Tres de los detenidos han ingresado en prisión provisional, acusadas de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. La operación continúa abierta y no se descartan futuras detenciones.
Explotación y extorsión
Según las fuerzas de seguridad, esta organización funcionaba como una red estructurada y jerarquizada, especializada en captar a personas en situación desesperada, sometiéndolas a condiciones de semiesclavitud y lucrándose de su vulnerabilidad, que ejercía un alto grado de control y extorsión sobre sus víctimas.
Los ‘trabajadores’ pagaban hasta 100 euros mensuales por el alojamiento y 7 euros diarios por el transporte y eran víctimas de intermediación laboral ilegal: los explotadores pactaban con empresas para colocar a sus trabajadores, quedándose con parte de sus salarios.
Un entramado criminal a nivel nacional
La investigación comenzó en 2024 tras una inspección en una nave de una empresa alimentaria en Candeleda (Ávila). La Policía Judicial de Arenas de San Pedro (Ávila) descubrió varios temporeros asiáticos viviendo en condiciones de extrema precariedad y detuvo a tres personas, entre ellas el encargado de vigilar a las trabajadoras y dos responsables de la empresa por beneficiarse conscientemente de la situación de las víctimas.
Poco después, en Valverde de la Vera (Cáceres), los investigadores encontraron a siete trabajadores nepalíes explotados en una finca agrícola. Todos ellos estaban en situación irregular, vivían en condiciones insalubres e incluso en contextos de mendicidad, y utilizaban documentación falsificada facilitada por la organización.
Investigación abierta
Los investigadores llegaron a la conclusión de que ambos casos estaban relacionados, por lo que se realizó una operación conjunta que permitió liberar a más de veinte trabajadores hacinados solo en la población maña, que dormían en colchones sobre el suelo, compartían un solo baño y sufrían carencias estructurales graves en las instalaciones.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Las autoridades han destacado la importancia de la colaboración entre cuerpos policiales y el testimonio de las víctimas, que ha sido clave para desmantelar esta red de explotación.
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