El reciente anuncio del Gobierno de Baleares de prohibir las bebidas energéticas y los ultra-procesados en las excursiones escolares ha puesto sobre la mesa un tema que merece una reflexión profunda: la alimentación infantil. Con esta decisión, Baleares se convierte en la primera comunidad autónoma de España en dar un paso al frente para proteger a los menores frente a productos que, a corto y a largo plazo, pueden ser perjudiciales para su salud.
Los defensores de la iniciativa aplauden la medida pies sostienen que limitar el consumo de azúcares, aditivos y estimulantes durante la jornada escolar no solo protege el bienestar físico de los niños, sino que también refuerza hábitos de alimentación saludables. Es difícil imaginar que un niño necesite una bebida energética (no necesita “alas” como propugna un popular anuncio de una conocida marca de bebidas con taurina) para rendir en un paseo por la montaña o que un ultra-procesado sea imprescindible en la merienda. Resoluciones como la balear envían un mensaje claro: la salud infantil es una prioridad que merece ser protegida desde la escuela.
Sin embargo, el debate no termina en la prohibición de determinados alimentos. Es solo un recordatorio de que la alimentación infantil va mas allá de lo que comen los niños fuera de casa. La educación nutricional debe ir de la mano de este tipo de medidas. Se debe enseñar a los niños elegir frutas, verduras, cereales integrales y agua como primera opción. Y esto no es solo responsabilidad de los padres, sino de toda la comunidad educativa. Limitar productos nocivos sin acompañarlo de educación puede ser un gesto simbólico, pero poco transformador.
También surgen interrogantes sobre la coherencia de este tipo decisiones políticas. Si las escuelas y las excursiones dejan de ofrecer ultra-procesados, ¿qué pasa con las campañas de publicidad, con el sector alimentario, con la disponibilidad de estos productos en los comercios cercanos y con la cultura alimentaria familiar? La batalla por una alimentación saludable no debería ser parcial, porque es un esfuerzo que requiere coordinación entre gobernantes, educación, familias y sociedad en general, incluyendo a la industria alimentaria.
Exceso de paternalismo estatal o parenteral
Tampoco puede obviarse que hay quien argumentará que los niños deben aprender a gestionar su libertad de elección, incluso a la hora de comer. Prohibir ciertos productos puede ser visto como un exceso de paternalismo estatal o parental. Pero la evidencia científica sobre los efectos negativos del exceso de azúcares y estimulantes en la infancia—desde la obesidad hasta problemas de atención o de sueño—respalda que, en determinados contextos, la protección prevalezca sobre la libre elección.
Ante esta disyuntiva, ¿¿Deberían aplicarse restricciones similares en todo el territorio nacional?
¿Es suficiente con prohibir ciertos productos si no se educa en hábitos saludables desde casa y la escuela?
¿Hasta qué punto la industria alimentaria debería asumir responsabilidades ante la promoción de productos poco saludables para los niños?
¿Cómo se equilibra la protección de la salud con la formación de la autonomía y el criterio propio en los hijos? El debate está servido. III