El Ajuntament de Castellví de Rosanes ha aprobado por unanimidad una moción que busca aumentar los recursos económicos destinados al sistema educativo. Esta iniciativa se enmarca dentro de una iniciativa legislativa popular (ILP) que propone una ley de garantías de financiación, estableciendo un mínimo del 6% del PIB para la educación.
Contexto y justificación de la moción
La moción resalta que el derecho a la educación es fundamental y debe ser respaldado por los poderes públicos con los recursos necesarios para asegurar un sistema educativo de calidad, equitativo e inclusivo. Se menciona la disposición adicional segunda de la Llei d’educació de Catalunya, aprobada en 2009, que ya establecía un plazo progresivo de ocho años para alcanzar este objetivo del 6% del PIB en gasto educativo.
A pesar de esta normativa, el texto denuncia las recortes sufridos en años posteriores, el aumento del número de alumnos y la falta de inversión educativa. Estos factores han impedido abordar problemas graves en el sistema educativo catalán, como el abandono escolar prematuro y la segregación escolar por origen socioeconómico. Además, se señala que estas circunstancias han dificultado la implementación del Decret 150/2017, que busca establecer un sistema educativo inclusivo.
Datos sobre la inversión educativa
En 2020, la inversión pública destinada a la educación en Cataluña se situaba en un 3,82% del PIB. La moción también incluye una lista de aproximadamente veinte medidas que requieren un financiamiento adecuado para su correcta ejecución.
La ILP presentada pretende revertir esta situación y garantizar un nivel mínimo de financiación que permita mejorar el sistema educativo en Cataluña.