Las primeras movilizaciones contra el plan de la Generalitat para introducir agentes de los Mossos d’Esquadra en los centros educativos de secundaria se han producido este lunes a primera hora en L’Hospitalet. Trabajadores, estudiantes y familias de los institutos Eugeni d’Ors y Margarida Xirgu, dos de los 13 centros seleccionados para la prueba piloto del programa EDUSEG (Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el Entorno Educativo), se han concentrado ante las puertas de ambos recintos, en el barrio de Collblac, para rechazar una medida que consideran “estigmatizadora”, “improvisada” y ajena a las necesidades reales de la escuela pública.
Las protestas se han desencadenado justo antes del inicio de las clases y han reunido a alrededor de un centenar de personas entre los dos centros. Los asistentes han exhibido pancartas con mensajes como “Menos mossos y más educadores sociales”, “Ni formados ni uniformados: más recursos y menos policía” o “Los conflictos no se arreglan con medidas policiales”.
Dos institutos de alta complejidad
Los institutos Eugeni d’Ors y Margarida Xirgu están situados en una de las zonas con mayor densidad demográfica de Cataluña, el sector del Samontà, en el eje formado por los barrios de La Florida, Collblanc y La Torrassa Se trata de dos centros catalogados como de alta o máxima complejidad, una clasificación administrativa que identifica escuelas con alta concentración de alumnado vulnerable, recién llegado o con mayores necesidades socioeducativas.
Es precisamente ese punto uno de los principales argumentos de los manifestantes, quienes consideran que la elección de estos centros transmite el mensaje de que pobreza, migración y conflictividad son equivalentes. “La mayoría de estudiantes somos migrantes y vulnerables. No solo nos criminalizan, también nos estigmatizan”, ha declaro un portavoz de los estudiantes.
Agresión de una madre a una profesora
La puesta en marcha del plan EDUSEG no puede desligarse, por otro lado, del palpable aumento de la conflictividad en las aulas y los episodios de violencia contra el profesorado que se han registrado en los últimos meses en la segunda ciudad de Catalunya. El más sangrante ha sido seguramente el ocurrido el pasado 24 de febrero. Ese día una profesora del Institut Escola Maria Miret, en el barrio de Collblanc, fue agredida físicamente por la madre de una alumna justo a la hora de entrada al centro, en presencia de familias y estudiantes. Según denunció el propio claustro, no era la primera vez que la docente sufría episodios de hostigamiento por parte de la misma persona, que ya la había increpado verbalmente con anterioridad. La agresión provocó una fuerte conmoción entre la comunidad educativa local, generó mensajes de solidaridad con la víctima y abrió una cascada de reclamaciones para que Generalitat y Ayuntamiento adoptaran medidas inmediatas que garantizaran la seguridad del profesorado y frenaran la creciente tensión en algunos entornos escolares.
Sin embargo, esa exigencia de respuestas choca ahora con el rechazo frontal que ha despertado la decisión de introducir agentes de los Mossos d’Esquadra en varios institutos considerados de máxima complejidad. La controversia deja al descubierto una contradicción de fondo: se reclama a la Conselleria que actúe ante el aumento de agresiones, amenazas y pérdida de autoridad en las aulas, pero cuando la Administración responde con medidas vinculadas a la seguridad, buena parte del profesorado y de la comunidad educativa denuncia que se opta por la vía equivocada. El núcleo del conflicto ya no es si existe un problema de convivencia —algo que pocos discuten— sino qué herramientas deben utilizarse para combatirlo: más presencia policial, más educadores sociales, refuerzo psicológico, reducción de ratios o una combinación de todas ellas.
¿En qué consiste el plan EDUSEG?
El programa EDUSEG fue anunciado el pasado jueves por las conselleries d'Educación e Interior de la Generalitat. La iniciativa prevé desplegar agentes de paisano, sin arma visible y de forma regular en 13 institutos de secundaria repartidos entre L’Hospitalet, Vic, Sabadell, El Prat, Tàrrega y las zonas educativas de Alta Ribagorça-Vall d’Aran. La previsión oficial es que estos agentes actúen como figura de prevención, mediación e intervención rápida ante agresiones, robos, amenazas o conflictos graves tanto dentro como en el entorno inmediato del centro.
Fuentes del Govern sostienen que la medida responde al aumento de incidentes de convivencia y a las peticiones de equipos directivos que se sienten desbordados. Entre los datos esgrimidos por la administración figuran miles de incidencias vinculadas a violencia escolar y encuestas docentes que reflejan un aumento de agresiones verbales y físicas al profesorado.
La comunidad educativa denuncia falta de consenso
Sin embargo, el rechazo a la presencia de policías en las aulas ha sido inmediato y transversal. Sindicatos docentes, asociaciones de familias, plataformas estudiantiles y partidos que habitualmente sostienen al Govern —ERC y Comuns— además de Junts, han cuestionado públicamente la medida en los últimos días.
USTEC, la principal central sindical del sector público educativo catalán ha vuelto a asegurar este lunes que la incorporación policial nunca ha sido debatida en los espacios creados para abordar la conflictividad escolar. Su portavoz nacional, Iolanda Segura, ha explicado que “un policía no sustituirá nunca a integradoras, orientadoras, psicopedagogas o educadores sociales”, perfiles que, según denuncia la dirigente sindical, han sufrido recortes en los últimos cursos en todo el territorio. Esa crítica aparece respaldada por otra cifra ampliamente citada estos días: la reducción del número de profesionales de integración social en los centros catalanes, que habría pasado de unos 420 a cerca de 300 efectivos en un año, según fuentes sindicales.
Un conflicto laboral de fondo
La contestación llega además en un contexto especialmente tenso entre la Conselleria d'Educació y buena parte del profesorado. Este 2026 está siendo uno de los años con más movilización de docentes en Cataluña, con protestas por salarios, ratios elevadas, sobrecarga burocrática y falta de plantilla. El Govern ha alcanzado recientemente un acuerdo laboral con las dos centrales sindicales de clase (CC OO y UGT,) pero los sindicatos más específicos o radicales como USTEC, CGT o la Intersindical se han desmarcado del pacto. Eso explica que muchos docentes interpreten este polémico plan policial no como una respuesta educativa, sino como una decisión política tomada sin reparar en las carencias materiales de los centros. “Tenemos paredes deterioradas, faltan profesionales y lo que llega son mossos”, ha resumido una profesora de L'Hospitalet.
Aunque la oposición a la presencia de mossos de paisanos en las aulas es mayoritaria, no es del todo unánime. Algunas asociaciones de dirección y el sindicato de profesores de secundaria (ASPEPC-SPS) han mostrado comprensión hacia el plan o lo han apoyado de forma parcial, porque consideran que existen situaciones extremas en determinados institutos que no se pueden combair a día de hoy porque faltan herramientas disciplinarias y más respaldo institucional. Otros directores de centros educativos, en cambio, dudan de la utilidad real de introducir agentes encubiertos en centros donde “todo el mundo se conoce”, han advertidoa preguntas de los medios.
Qué puede pasar ahora
La prueba piloto arranca este mismo abril y la Generalitat prevé evaluarla al final del curso. Sin embargo, las concentraciones de L’Hospitalet apuntan a que el despliegue afrontará una resistencia sostenida. Sindicatos y asambleas de centro no descartan nuevas protestas en otros municipios si el Govern mantiene el calendario.
Si (
No(
