El conflicto por la renovación de los nichos entre el Ayuntamiento y representantes de la ciudadanía no viene de ahora, sino que ha sido una constante desde 2012, año en que Pompas Fúnebres empezó a enviar las cartas de aviso conforme ya no eran propietarios del nicho sino concesionarios y que, en sus casos, esta concesión había expirado y era necesario renovarla.
Ahora, en cambio, esta lucha por aplicar la ley o bien al principio de la adquisición del nicho o bien a partir de la adquisición del actual título vigente da un paso más y llegará a los juzgados.
“Nuestros servicios jurídicos son muy claros”
Lo que se mantiene inamovible es la posición municipal. “Hemos seguido en todo momento lo que nos han dicho nuestros servicios jurídicos. Y no podemos hacer otra cosa. Hay una ley y unos reglamentos y unas definiciones sobre lo que es la propiedad, las concesiones, los bienes públicos, etc. Todo este entramado lo tiene que resolver los departamentos jurídicos del Ayuntamiento”, nos explica Jordi San José, alcalde de Sant Feliu. De hecho, insiste en qué no hay opción: “Humanamente entiendo la queja, pero, administrativamente, la gestión tiene que ser así”.
En este sentido, el gobierno local ha presentado dos informes, uno de Servicios de Equipamientos y otro de Servicios Jurídicos, con los que argumenta su posición al respecto tanto desde el punto de vista de la concesión de equipamientos como el cementerio y el tanatorio, además de la aplicación del reglamento, respectivamente, que es al final lo importante.
Una posición que, cabe matizar, toma el Gobierno municipal y no Pompas Fúnebres, como concesionaria. Ellos, en este caso, según San José, cumplen con lo que se les determina desde el Ayuntamiento: “Los servicios jurídicos nos dicen la interpretación que se tiene que hacer. Pompas Fúnebres es una concesionaria y, por tanto, aplica las decisiones del Ayuntamiento. Y nuestros servicios son muy claros: la propiedad no es una propiedad ‘in eternum’, sino concesiones a 99 años; y el cómputo de los 99 años cuentan a partir del momento inicial de la constitución de la escritura del nicho. Si nos equivocamos, se equivoca el Ayuntamiento [no Pompas Fúnebres], pero jo creo que no.
Tenemos servicios jurídicos que nos han funcionado bien siempre, que han tenido criterio, que han argumentado bien, no tengo ninguna actuación que haya estado cuestionada por órganos de control. ¿A quien tengo que hacer caso, entonces? Estoy totalmente tranquilo porque todos me han dado luz verde; por tanto, adelante”.
La demanda está a punto de inscribirse y comenzar su curso legal, pero, además, por el tipo de reclamación, el alcalde no ve acuerdo posible previo para evitar los tribunales. “Hemos tenido ya todas las reuniones posibles, pero no es eso de elegir entre 99 años y 55, por ejemplo, y que lleguemos a un acuerdo por 65 años. No hay grises aquí para elegir a partir de cuando contar. Hemos buscado todas las soluciones, pero es ‘impepinable’ que yo tengo que hacer caso a los responsables jurídicos”.
Por otro lado, sí que reconoce que él, en el momento del cambio de la ley de 1988 con la que dejaban de existir las propiedades de estos espacios públicos, “lo hubiera hecho diferente: se tendría que haber hecho una comunicación a todos, en lugar de optar por explicarlo individualmente cuando vinieran a hacer el contrato. En cualquier caso, a efectos prácticos hubiera sido lo mismo, porque la concesión hubiera vencido el mismo año”. III
Si (
No(
