El poder local toma el mando en la lucha contra pandemia del Covid-19

Cuando parecía que el Baix Llobregat y L’Hospitalet se sumían en el más absoluto caos por culpa de la pandemia de coronavius, aparecieron los alcaldes y los concejales, dieron un golpe sobre la mesa, y empezaron a ponerse en marcha medidas que tranquilizaron a la población. Y los ciudadanos volvieron a sentirnse a salvo. Mientras sigue el rifirafe entre Gobierno de España y Generalitat de Catalunya, los municipios no han dejado de tirar del carro y si al final consegjuimos salir del túnel, será en gran parte gracias a su eficaz y decidida intervención.

Con la ayuda de la Diputación de Barcelona, los consistorios locales fueron los primeros en empezar a repartir mascarillas y equipos de protección entre los trabajadores de los servicios esenciales -como la Gurdia Urbana o la policías locales- mientras que los agentes de otros cuerpos se desgañitaban pidiendo material.

También fueron los municipios los primeros que pusieron a disposición de la Conselleria de Salut todos los equipamientos que hicieran falta para convertirlos en hospitales de campaña o en hoteles medicalizados. Pero sus gestos no siempre tuvieron la respuesta esperada de la Generalidad por extraños motivos políticos enmascarados en una presunta “falta de coordinación”, como se justificó la consellera de Salut, Alba Vergès.

Este es el lamentable caso del hospital de campaña que se montó en el polideportivo de Sant Andreu de la Barca a los pocos días de decretarse el estado de alarma. El alcalde y médico de profesión, Enric Llorca, solicitó ayuda a la Guardia Civil -que tiene su comandancia en el municipio. Y en un abrir y cerrar de ojos de ojos los agentes de la Benemérita, asesorados por Médicos Sin Fronteras (IMSF) y bajo la tutela de la OMS, habilitaron un hospital de emergencia con 140 camas.

Pero el permiso de Salut para poder ponerlo en marcha no llegó (a la espera de tiempos mejores, según Vergès) mientras se obligaba a los enfermos graves de Covid-19 a morir en sus casas (donde eran atendidos por personal del ambulatorio) o a confinanrse en situaciones precarias y más cuando el Hospital de Martorell estaba saturado. Porque tampoco se autorizó que el Hotel Bristol reabrierá reconvertido en un equipamiento medicalizado pese a que ya estaba listo para entrar en servicio. Lo mismo ocurrió en Castelldefels.

Pero el trabajo de los ayuntamientos ha ido más allá de las diatribas ideológicas y han solicitado la presencia de la Unidad Militarizada del Ejército (UME) para desinfectar residencias cuando lo han visto necesario -como ocurrió por ejemplo en la residencia Nuestra Señora de Lourdes de Sant Just Desvern- por citar un caso.

Aunque lo más importante es que han garantizado un día a día más o menos llevadero a la población confinada, tomando medidas como el aplazamiento del pago de los impuestos y las tasas municipales, el refuerzo de los servicios sociales (prestando asistencia a grupos de riesgo o personas dependientes que vivían solas y garantizando la alimentación a las familias más desfavorecidas). Además ,ya están trazando con los agentes sociales las líneas maestras de cómo abordar la reactivación económica del territorio y la creación de puestos de trabajo estable cuando finalice la pandemia, aportando líneas de ayudas y préstamos. III