El anuncio del cierre inminente y definitivo de las tres plantas que el gigante japonés de la automoción Nissan tiene en Barcelona ha provocado el rechazo unánime de ayuntamientos, instituciones comarcales, agentes sociales y tejido empresarial de L’Hospitalet y del Baix Llobregat y a la vez ha despertado un “apoyo total” e incondicional generalizado a los cerca de 32.000 trabajadores que,, de forma directa o indirecta se verán afectados por el desmantelamiento de las tres factorías (Montcada i Reixac, Zona Franca y Sant Andreu de la Barca).
Uno de los municipios que con más contundencia se ha mostrado en contra del cese de actividades de Nissan ha sido el de Sant Andreu de la Barca, uno de los más afectados porque en la planta que el fabricante nipón tiene en el municipio trabajan 240 personas, el 40% de ellas vecinos de la ciudad.
Un sector que genera riqueza
En Sant Andreu se ha aprobado de manera unánime por todos los grupos municipales una declaración institucional en la que se manifiesta que “el sector de la automoción es un motor importante de la economía catalana con un tejido industrial que genera riqueza y da trabajo a centenares de miles de trabajadores y trabajadoras” y que, por lo tanto, la sociedad catalana no se puede quedar de brazos cruzados ante la marcha de Nissan
Por este motivo, el Ayuntamiento de Sant Andreu (igual que han hecho la práctica totalidad de municipios del Baix Llobregat y L’Hospitalet) ha instado al Gobierno de España y al Govern de la Generalitat de Cataluña a que “promuevan todas las acciones necesarias para interpelar la dirección de Nissan para que mantenga activas las plantas de fabricación de Nissan y los puestos de trabajo que de ellas dependen”.
El texto de Sant Andreu hace un llamamiento a que se apueste “por el fomento de políticas dirigidas al mantenimiento de la industria, especialmente de aquellas actividades industriales que generan puestos de trabajo de calidad”. Asimismo, se pide a la dirección de Nissan que se replantee su decisión de cerrar las factorías y que, en su lugar, “busque una solución que permita el mantenimiento de los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos”.
Decisión Irrevocable
El propio alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, se ha reunido con representantes de la empresa, quienes le han trasladado que la decisión es “irrevocable”.
El resto de consistorio e instituciones de la comarca también han mostrado su preocupación por las “enormes consecuencias sociales” que el cierre de las plantas de Nissan tendrá sobre el territorio.
En esta línea se ha manifestado el alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, quien ha lamentado la decisión de la empresa y ha asegurado que Nissan “tenía futuro en Cataluña” y que por lo tanto se debe “intentar trabajar desde todos los ámbitos para poder salvarla y para que se mantengan los puestos de trabajo y que esta salvación pueda ser la punta de lanza de las reformas debe acometer el sector” para que no se pierdan más empleos.
Impulso de CCOO y UGT
El Pleno municipal de L’Hospitalet también ha aprobado una declaración institucional de apoyo a los trabajadores y a las trabajadoras de Nissan, impulsada por CCOO y UGT, y que ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos políticos. El texto recoge “el total apoyo a los trabajadores y a las trabajadoras de Nissan, que, desde el 4 de mayo del 2020, se encuentran en huelga indefinida por la incertidumbre” a la que deben hacer frente.
El texto también observa con preocupación “las consecuencias que una medida tan dura puede comportar para el conjunto de proveedoras y empresas auxiliares que trabajan para Nissan y que afecta más de 20.000 trabajadores y trabajadoras en Cataluña, muchos de los cuales son vecinos y vecinas de la ciudad”, y recuerda que “el sector de la automoción es un motor importante de la economía, con tejido industrial que genera riqueza y da trabajo a centenares de miles de trabajadores y trabajadoras en Cataluña”.
Consecuencias sociales
Finalmente, el texto pide a la dirección de Nissan “que se replantee sus posibles decisiones drásticas y exige una solución que permita el mantenimiento de los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos” y que se haga cargo de “las enormes consecuencias sociales” que su marcha puede tener en el territorio.
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