Tres concejales socialistas están implicados en un rocambolesco sainete judicial por una presunta malversación de fondos
Hay un refrán castellano que dice «Líbreme Dios de mis amigos, que de mis enemigos ya me libro yo». Pues este dicho deberían habérselo aplicado el segundo teniente de alcalde de L'Hospitalet, Cristian Alcázar (PSC), y el también socialista y concejal de Deportes de la ciudad, Cristóbal Plaza. Ambos han sido acusados de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y blanqueo de capitales (utilizando en Consell Esportiu de la localidad) y denunciados judicialmente por un compañero de partido: el hasta hace unas semanas teniente de alcalde de Educación, Jaume Graells.
El caso tiene todos los ingredientes de una película: líos de faldas, traiciones, venganzas, ambición y corruptelas. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad investiga si Plaza –hasta ahora presidente del Consell Esportiu- y Álvarez -su antecesor en el cargo- desviaron para fines particulares algunas de las ayudas públicas que gestiona la entidad y justificaron la operación con documentación falsa.
Hasta aquí la parta clara de la historia. El resto es más turbio. Hay quien asegura que la denuncia es una venganza de Graells porque la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, se negó a subirle el sueldo a su pareja sentimental que trabaja como secretaria en el Consell. El propio Jaume Graells asegura que actuó únicamente “por motivos éticos”.
Hay otra teoría que ve detrás una guerra sucia por el poder en el PSC y que sostiene que quien maneja los hilos es el primer teniente de alcalde, Fran Belver, a la postre suegro de Alcázar, con quien se dice que no mantiene buena relación. Hace poco más de tres meses, Belver y Alcázar se disputaron la primera secretaría del PSC en unas primarias que ganó el yerno. Los conspiradores sostienen que Belver habría orquestado la denuncia (con la ayuda de su peón Graells) para destronar a Alcázar y recuperar el poder. Plaza sería solo un daño colateral. igual que Eduard Galí, el tercer detenido.
Con las espadas todavía en alto la alcaldesa ha decidido mantener en el cargo a los dos acusados, mientras que el denunciante ha abandonado el equipo de gobierno pero conserva el acta de concejal. La marcha de Graells deja al PSC técnicamente sin mayoría absoluta. Aunque fuentes municipales apuntan que Cs estaría dispuesto a ser la muleta que ggarantice la gobernabilidad de la segunda ciudad de Cataluña.
| La pinza PSC-Cs frena la comisión de investigación |
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El último pleno de L’Hospitalet rechazó una moción de ERC que pedía la constitución de una comisión de investigación sobre el caso del Consell Esportiu, exigió el portavoz republicano, Antoni Garcia. Durante la votación de la propuesta, los tres concejales socialistas implicados en el affaire abandonaron la sala, lo que produjo que el PSC perdiera la mayoría absoluta. Sin embargo, la abstención de Ciutadans actuó como un flotador que salvó al gobierno de Nuria Marín de tener que conovar la comisión y poner toda la información de la que dispone sobre el caso a disposición de la oposición.
Antoni Garcia lamentó el resultado de la votación y acusó a socialistas y liberales de haber articulado “una pinza” para, mutuamente, “taparse las vergüenzas” y pidió a Marín que “depure responsabilidades”. El dardo de los republicanos hacia alusión a las presuntas irregularidades en la gestión del Estadio Municipal durante la etapa en la etapa que el actual portavoz de Cs, Miguel Garcia, era el presidente del C.E. L'Hospitalet.
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