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De izquierda a derecha: Eloy Moreno, Elda Mata, Juan Chapapría y Mario de Diego (de SCC), en la rueda de prensa ofrecida el pasado 29 de abril para informar de la presentación de la demanda contra la CCMA
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De izquierda a derecha: Eloy Moreno, Elda Mata, Juan Chapapría y Mario de Diego (de SCC), en la rueda de prensa ofrecida el pasado 29 de abril para informar de la presentación de la demanda contra la CCMA

¡Bajo la lupa! Una jueza investiga posibles delitos graves en la cúpula de TV3 y Catalunya Ràdio

viernes 30 de mayo de 2025, 16:00h
La justicia ha abierto diligencias tras una denuncia de Societat Civil Catalana que apunta a posibles delitos de prevaricación, malversación y otras graves irregularidades en la gestión de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente que dirige las cadenas públicas de televisión y radio de ámbito autonómico catalán TV3 y Catalunya Ràdio.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat ha dado un paso clave que pone contra las cuerdas a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el organismo responsable de TV3, Catalunya Ràdio y la Fundació La Marató. La titular del juzgado ha decidido iniciar una investigación sobre la gestión de los medios públicos de radio y televisión, tras una denuncia de la entidad Societat Civil Catalana (SCC) que ha destapado presuntas irregularidades. En respuesta a la denuncia, el juzgado de Instrución número 1 de Sant Feliu ha dictado un auto de incoación y ha abierto diligencias tras considerar que los hechos "podrían ser constitutivos de delito".

La denuncia, presentada por SCC el pasado 29 de abril, se basa en el Informe 2/2025 elaborado por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y señala posibles delitos de "prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otros relacionados con el uso ilícito de recursos públicos". Entre los implicados en esta prsunta gestión irregular figuran miembros del Consejo de Gobierno de la propia CCMA, así como diversos directivos y técnicos del ente público. Dada la gravedad de los hechos, la jueza ha solicitado a la Sindicatura de Cuentas que remita el informe completo con todos sus anexos, papeles de trabajo y documentación interna utilizada durante la fiscalización.

Petición de documentación clave

Además, se ha requerido a la propia CCMA una gran cantidad de documentación clave, incluyendo contratos, nóminas y resoluciones salariales del personal directivo; expedientes completos de selección y nombramiento de altos cargos; documentos sobre retribuciones superiores al límite legal; expedientes de contratación sin publicidad; e información sobre incentivos y trienios.

Según la denuncia de Societat Civil Catalana, los hechos denunciados –y que fueron registrados durante los años 2021 y 2022- podrían formar parte de un patrón sistémico de gestión irregular, más allá de casos puntuales, que podría extender más años en el tiempo. Entre las presuntas irregularidades reveladas por SCC destacan los pagos sin cobertura legal ni contractual, las retribuciones al personal por encima del límite legal, la falta de auditorías obligatorias; las contrataciones opacas y la aplicación indebida de la reducción de jornada en algunos casos.

Un patrón "sistemático" de mala gestión

Ante la posibilidad de que la CCMA haya actuado con un mismo modus operandi durante años, Societat Civil Catalana ha solicitado al juzgado de Sant Feliu que se investigue si estas prácticas se repitieron en ejercicios anteriores o posteriores. El temor de la entidad es que existe una alta probabilidad de que estemos un entramado prolongado de mala gestión con implicaciones penales, que seguiría un mismo “patrón sistemático de gestión irregular “

La apertura de diligencias por parte del juzgado de Sant Feliu puede marcar un antes y un después en la supervisión de la gestión del ente público catalán, que ahora queda bajo la lupa judicia. Y es que la CCMA lleva años bajo sospechas -debido a su elevado presupuesto y su no menos elevada deuda- debido a su fuerte utilización con fines políticos ajenos al servicio público para el que fueron creados los medios de comunicación dependientes de la Generalitat.

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