El Congreso dice “no” a desalojar a la Guardia Civil de Sant Vicenç para construir vivienda social

El intento, más político que urbanístico, de convertir el actual cuartel de la Guardia Civil de Sant Vicenç del Horts en una promoción de pisos públicos protegidos ha recibido este miércoles un severo correctivo en la última comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, lo que bloquea una hipotética marcha del Instituto Armado de la ciudad. La Proposición no de Ley (PNL) presentada Sumar, en la que se reclamaba “la cesión de uso del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Sant Vicenç dels Horts para vivienda pública de alquiler protegido”, ha sido tumbada con los votos en contra de PSOE, PP y Vox. Se descarta por tanto incluso “reflexionar” sobre “el concepto y futuro” de un cambio de usos del inmueble, tal y como pretendía Sumar, como se deduce de las intervenciones de los diputados que no han secundado la PNL. Cabe destacar que el calificativo de “antiguo” (referido al cuartel de la Guardia Civil) es cuanto menos tendencioso ya que las dependencias están en pleno funcionamiento.

El freno a la iniciativa parlamentaria de la plataforma de extrema izquierda ha sido tajante. El diputado del PSOE Javier Rodríguez –y por tanto referente del Gobierno de España en el debate- ha recordado que la remota posibilidad de la marcha de la Guardia Civil de la ciudad ya ha sido descartada tras los contactos mantenidos entre Ayuntamiento de Sant Vicenç (favorable a la propuesta), subdelegación del Gobierno en Cataluña y Jefatura de la Guardia Civil. La reflexión planteada por Sumar sobre si era posible utilizar ese inmueble para vivienda asequible “ya se ha realizado" y su resultado ha sido la repulsa, ha subrayado Rodríguez.

32 familias perfectamente arraigadas

El diputado socialista ha fundamentado la inviabilidad del proyecto en que en la mencionada casa cuartel conviven actualmente “32 familias con miembros en el cuerpo que están perfectamente arraigadas" en el municipio. Además, ha desvelado que la reconversión del cuartel es del todo “innecesaria” porque está prevista la habilitación de 500 viviendas sociales en la localidad. Con esta previsión de crecimiento del parque de vivienda se desmorona completamente el argumentario de Sumar que, más allá de los argumentos puramente ideológicos, basaba su PNL que Sant Vicenç dels Horts “es una de las ciudades con las rentas per cápita más bajas del corredor industrial del Llobregat” por que sufre especialmente "la presión habitacional del área metropolitana de Barcelona”, como ha declarado el diputado de Sumar, Félix Alonso.

La iniciativa también ha recibido el rechazo frontal del Grupo Parlamentario del PP, a través del diputado Agustín Parra. El diputado conservador ha enfatizado que “el cuartel sigue siendo operativo y su cesión no ofrece garantías para las familias que residen allí”, además de “poner en riesgo la seguridad” de la ciudadanía, porque se necesita la presencia de los agentes en el territorio en materias como tráfico, medio ambiente, seguridad rural y lucha contra el terrorismo. “La seguridad ciudadana no puede ser moneda de cambio en la política de vivienda y la política de vivienda no se puede convertir en una herramienta de confrontación institucional", ha reiterado Parra, defendiendo el derecho a los residentes en el cuartel “a permanecer en sus hogares”. El diputado popular ha evidenciado que la solución a la actual crisis habitacional “no pasa por desalojar a servidores públicos, sino por activar políticas eficaces de suelo, inversión y colaboración entre administraciones”, por lo que ha exigido a todos los implicados que aborden el problema de la vivienda “con seriedad, planificación y respeto institucional”.

El Grupo Parlamentario de Vox también ha votado en contra de una propuesta que su diputado José María Sánchez García ha tildado de "rancia e inaceptable tomadura de pelo". Sánchez García ha cargado contra Sumar porque con esta PNL "se les ha visto el plumero de su antimilitarismo" y les ha invitado a que propongan destinar a vivienda social parte "del patrimonio sindical acumulado" que es amplísimo.

Solar cedido para uso exclusivo del Estado

Fuentes del PP han recordado que el terreno que ocupa el cuartel de la benemérita fue cedido al Ministerio del Interior en 1989 para uso exclusivo del Estado (lo que habilita y legitima su ocupación por parte de la Guardia Civil), y que cualquier modificación exige acuerdo entre administraciones, respeto a los derechos adquiridos y evaluación técnica del impacto en la seguridad, tres requisitos que actualmente no se cumplen. Así que la formación conservadora aboga por la “sensatez” y acusa al gobierno local de Sant Vicenç (con alcalde socialista) de “ceder a la presión ideológica” de sus socios de izquierdas.

Detrás del cerrojazo del Congreso a la mudanza de la Guardia Civil hay una larga historia y aún pervive en la ciudad toda una diatriba, disuelta bajo un barniz ideológico. La PNL rechazada por el parlamento (y presentada el pasado 27 de enero) ha llegado al seno del parlamento bajo el paraguas de una moción aprobada en el pleno municipal Sant Vicenç en octubre de 2024 en la que se tanteó idéntico objetivo y que fue refrendada con los votos del equipo de gobierno municipal (PSC y En Comú Podem) y de la coalición Junts x Sant Vicenç (ERC y EUiA). Vox se posicionó en contra. Pero aún ha habido una última intentona, el mismo día que el texto de la la PNL de Sumar se publicaba el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el plenario municipal vicentino rubricó una propuesta de resolución encaminada a abrir una “negociación” con el Ministerio de Interior para lograr la “cesión de los pisos del antiguo cuartel de la Guardia Civil para incorporarlos en el parque de vivienda pública de alquiler protegido”. El grupo municipal de VOX volvió a votar en contra.

Hostigar a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Así que, el proyecto urbanístico-político divide a los dos extremos del arco político de forma asimétrica. De un lado –con más efectivos- se fortifica el apoyo unánime (aunque con matices) de todas las fuerzas de izquierdas e independentistas con representación en el plenario municipal. En la cara opuesta, planta cara la oposición del PP y VOX, quienes denuncian que la propuesta esconde una oscura segunda intención: expulsar de la localidad a la Guardia Civil, porque simboliza la presencia del Estado y el fin último de las iniciativas contra el cuartel solo buscan “hostigar” a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los argumentos de los defensores de la cesión al Ayuntamiento de la casa cuartel al municipio son de carácter meramente económico ya que se incide en que el equipamiento de la Guardia Civil “tiene una edificabilidad superior a la actual”, que podría aprovecharse para construir en esos terrenos más pisos de los que hay ahora, lo que daría “una mejor respuesta” a la demanda de vivienda asequible de la localidad. Los contrarios a la pervivencia de la casa cuartel admiten que en el recinto viven familias de guardias civiles y que una eventual cesión implicaría su traslado. Por eso plantea como solución de paz que la mudanza se haga de forma “dialogada y garantista”. Lo que no deja de ser una versión 2.0 del incombustible “quítate tú, para ponerme yo”.

En zona urbana consolidada

El cuartel en disputa está situado en una zona urbana consolidada del municipio y alberga actualmente unas 36 viviendas, de las cuales entre 32 y 34 son diariamente el hogar de parejas e hijos de agentes del Instituto Armado. En muchos casos, se trata de unidades familiares con arraigo en Sant Vicenç, con menores escolarizados en centros locales y una activa participación en la vida vecinal, lo que pone en el alero lo dañina y dolosa que podría resultar una virtual “expulsión” del municipio.

El propio alcalde, Miguel Comino (PSC) no es ajeno al drama social que podría provocar un desahucio masivo de guardias civiles y ha dejado claro en el pleno que “no se trata de expulsar a nadie”, sino de abrir un proceso institucional que permita analizar el uso actual del inmueble y su posible reconversión a medio o largo plazo. “Queremos estudiar todas las opciones, pero sin perjudicar a las personas que viven allí ni generar alarma innecesaria”, ha explicado Comino en más de una ocasión. “Nadie ha ordenado ningún desalojo. Lo único que se ha aprobado es pedir la cesión y estudiar las posibilidades de uso futuro”, se ha ratificado el alcalde.

Una controversia que va más allá

La controversia ha situado a Sant Vicenç dels Horts en el centro de un debate nacional sobre qué papel deben tener las propiedades del Estado en la política de vivienda. Para unos, un ejemplo de gestión social del patrimonio público; para otros, una maniobra política que estigmatiza a los cuerpos de seguridad estatales.

Más allá del ruido político, el debate toca una cuestión real que preocupa a los vecinos: la escasez de vivienda pública. Sant Vicenç dels Horts, con más de 28.000 habitantes, forma parte del área metropolitana de Barcelona, donde los precios del alquiler han subido más de un 30 % en la última década. Por el momento (y todo apunta a que va para largo) el cuartel permanece en su sitio, sus residentes continúan con su vida cotidiana, los agentes siguen desempeñando su trabajo y el Ayuntamiento mantiene su postura de diálogo. Pero el tema promete seguir generando titulares, mociones y discursos en un municipio que, buscándolo o no, se ha convertido en símbolo de una polémica mucho más amplia que versa sobre vivienda, territorio y convivencia y, más concretamente, sobre la supervivencia de los símbolos del Estado en Cataluña.