Una mujer ha fallecido de manera violenta este jueves 22 de enero por la tarde en L’Hospitalet , en el interior de un local okupado sin actividad comercial situado los bajos del número 15 de la calle Santa Anna, en el barrio Centre de la ciudad y a escasos 280 metros del Ayuntamiento. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para determinar las circunstancias del suceso y la autoría del mismo, que permanece bajo secreto de sumario. Según fuentes policiales, el aviso llegó alrededor de las 19:00 horas, cuando una persona alertó telefónicamente de una fuerte discusión en el interior del inmueble. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima, en mitad de un charco de sangre y con el cuerpo cosido a puñaladas. Los equipos sanitarios del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) desplazados no pudieron hacer nada por salvarla, porque las heridas de arma blanca eran mortales de necesidad.

Hasta el local okupado se ha trasladado también poco después una comitiva judicial, que ha iniciado las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. El cuerpo de la víctima será trasladado al Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses, donde se practicará la autopsia que se espera que pueda aportar más información sobre su muerte. El caso ha sido asumido por la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Sud de los Mossos d'Esquadra que buscan a un sospechoso que, según algunos testigos, huyó del lugar después de cometer el apuñalamiento. Varios agentes de la policía científica han parmanecido en el local hasta bien entrada la madrugada recogiendo vestigios y pruebas que puedan esclarecer los hechos. .
Posible caso de violencia de género sin confirmar
Los investigadores trabajan para determinar la relación entre el hombre y la mujer y los motivos que provocaron la discusión que terminó en apuñalamiento y muerte. Todas las hipótesis permanecen abiertas. No se descarta que pueda tratarse de un nuevo caso de violencia de género (no está claro si agresor y víctima eran pareja), aunque, por el lugar y la forma en la que se cometió el crimen, tampoco se descartan otras hipótesis relacionadas con la delincuencia común, ya que los vecinos llevaban meses alertando de los problemas de este local okupado. En caso de confirmarse un asesinato por violencia de género, sería el segundo en Cataluña en lo poco que llevamos de 2026.

Los residentes de la calle Santa Anna han asegurado tras el suceso que lo ocurrido era “una desgracia anunciada desde hace años”. Uno de los residentes en la zona ha relatado que llevan ás de tres años denunciando de manera reiterada la situación y los graves incidentes que se producen dentro de la nave ocupada: "peleas constantes, gritos a altas horas de la madrugada y agresiones físicas", acompañados de una sensación de inseguridad permanente y un goteo continuo de incidentes que, los vecinos han asegurado que han comunicado siempre tanto al Ayuntamiento y a la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet y a los servicios de emergencias.
"Algún día pasaría una desgracia"
“Todos sabíamos que algún día acabaría pasando una desgracia”, ha lamentado este viernes un vecino a los medios de comunicación. Los afectados también han explicado que se habían organizado reuniones con concejales, recogidas de firmas y llamadas casi diarias al 112 alertando de lo que sucedía. Los residentes han denunciado una sensación de abandono institucional y han asegurado que el barrio lleva demasiado tiempo padeciendo una situación límite que finalmente ha acabado con este trágico homicidio.

El local es una propiedad privada, perteneciente a un fondo de inversión desde noviembre de 2017, y su ocupación fue detectada por el Ayuntamiento en octubre de 2023 tras un aviso vecinal, según han informado fuentes municipales. En aquel momento, los Mossos d’Esquadra intervinieron para intentar armar un desalojo, pero la okupación ya estaba consolidada y no pudo ser revertida, según han aclarado las mismas fuentes. “Se trata de un inmueble privado y cualquier actuación en su interior requiere orden judicial. El desalojo solo puede producirse por resolución judicial”, ha recordado este viernes un portavoz del consistorio, lamentando profundamente lo sucedido.
Desde que se produjo la okupación hace más de dos años, el Ayuntamiento y la Guardia Urbana han mantenido un seguimiento constante del local. Fuentes municipales han especificado que durante este periodo se han realizado inspecciones periódicas por parte de técnicos municipales, que periódicamente han ido identificando a los residentes y documentando el estado del inmueble. Además, en una de las inspecciones se abrió un expediente de disciplina urbanística, que sigue en tramitación. También se han atendido de manera continua las incidencias vecinales, relacionadas con ruidos, peleas y consumo de drogas, han confirmado las mismas fuentes.
Vigilancia continua las 24 horas
Pese a que los vecinos denuncian abandono policial, desde el consistorio han asegurado que, desde el momento de detectarse la okupación, se ha ido reforzado la presencia policial frente al local, con controles intensivos y patrullas periódicas, incluso en determinados periodos de vigilancia continua durante las 24 horas del día. Según estas fuentes municipales, estas medidas "han lograron reducir" temporalmente el movimiento y puntualmente también las molestias, aunque el conflicto no ha podido resolverse definitivamente porque la okupación permanece activa y isgue pendiente de resolución el procedimiento judicial iniciado por la propiedad en octubre de 2024.

“El Ayuntamiento de L'Hospitalet es consciente del cansancio y del impacto emocional que esta situación ha generado en el vecindario”, han admitido desde el consistorio, y ratifican que se ha hecho todo lo posible por eviatr que un suceseso tan lamentable como el apuñalamiento de esta mujer acabara produciéndose. Y es que, tras el trasfondo de la okupación, se oculta de un conflicto complejo y cronificado, en el que confluyen cuestiones de convivencia, seguridad y limitaciones legales que no dependen únicamente de la administración municipal. “Continuaremos utilizando todas las herramientas legales y policiales disponibles para minimizar las molestias, garantizar la seguridad y restablecer la convivencia dentro del marco legal vigente”, han enfatizado desde el consistorio.
La oposición echa en falta una respuesta más firme
La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Sonia Esplugas, ha lamentado este viernes el fallecimiento de la mujer y ha planteado que “posiblemente este suceso podría haberse evitado con una respuesta más firme del gobierno municipal contra la okupación”. Esplugas ha recordado que desde el PP se ha venido alertando en múltiples ocasiones sobre las graves consecuencias de la “okupación desbocada” que padece la ciudad, y que se ha traducido, por ejemplo, en los recientes incendios en locales okupados que se han saldado con heridos graves. "Hay una constante riada de okupaciones conflictivas que son una bomba de relojería para la convivencia”, ha denunciado la portavoz popular.
Sonia Esplugas ha dejado claro, apuntando al ayuntamienteo, que “no se puede confundir vulnerabilidad con permisividad: la vulnerabilidad debe atenderse desde los servicios sociales, mientras que la okupación debe combatirse persiguiendo a las mafias y actuando contra los okupas conflictivos, dejando claro que en L’Hospitalet la propiedad privada debe respetarse”, ha reiterado. La concejal también ha criticado que “mientras la izquierda consiente la ocupación ilegal, alegando indefensión de quienes participan en ella, nosotros exigimos apostar por alquileres sociales, ayudas específicas y un trabajo de reinserción social para quienes realmente lo necesiten”.
Condena y acusaciones de innacción
También se ha sumado al malestar por lo sucedido el grupo municipal de VOX, que ha condenado el asesinato y ha criticado al gobierno municipal del PSC, acusándolo de inacción. Desde el partido se ha insistido en que se sabía perfectamente que el local de la calle Santa Anna suponía "un foco de conflictividad". Francisco González, portavoz de VOX en el Ayuntamiento de L'Hospitalet ha postulado que “este asesinato es la consecuencia directa de años de dejadez y pasividad del gobierno municipal”, aunque ha reconocido que el desalojo del inmueble depende de resolución judicial, algo en lo que coincide con el Ayuntamiento, quien ha señalado como limitante de su actuación directa. Para eviyar que se repitan episodios similares, VOX ha reclamado "una mayor presencia policial y medidas más contundentes contra la ocupación ilegal", reafirmando lo que consideran su compromiso en defensa "del derecho de los vecinos a vivir con seguridad", han puntualizado dessde la formación de derechas.