La obligación legal de implantar una tasa de residuos ha abierto una brecha inesperada en El Prat de Llobregat. La multitudinaria protesta de este domingo -con más de 4.000 asistentes, según la organización- debe entenderse como algo más que un simple rechazo a un pago extra, que se suma a la lluvia de impuestos y gravámenes de todo tipo de los últimos años: ha sido la demostración de un hartazgo ciudadano que exige participación, justicia y transparencia en las políticas públicas. Comerciantes, familias y vecinos han coincidido en una idea: esta manifestación de protesta va a marcar un antes y un después en la relación con el Ayuntamiento local y hablan de "movilización histórica".
Una marea ciudadana recoha recoprrido este domingo las calles de El Prat para expresar su rechazo al nuevo sistema de tasa de residuos que el Ayuntamiento de la ciudad ha puesto en marcha recientemente. Aproximadamente unas 4.000 personas, según los promotores, se han manifestado contra lo que consideran una medida injusta, especialmente para las familias trabajadoras y los pequeños comerciantes. Los organizadores de la protesta coinciden en que no se recuerda en la ciudad una movilización de tal magnitud "desde hace décadas", lo que da cuenta de la tensión acumulada en torno a este asunto.
La nueva tasa, que se ha implantado en cumplimiento de la Ley estatal 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a todos los municipios a establecer un pago específico para la recogida de basuras. En El Prat, la medida se ha acompañado de la instalación de contenedores inteligentes, de uso controlado mediante tarjeta, llavero o aplicación móvil. El sistema contempla bonificaciones que pueden alcanzar hasta un 40 o 45 % de la tasa si se cumplen requisitos como el uso frecuente del contenedor marrón o la visita al punto limpio. En el caso de los comercios, se han introducido criterios distintos en función del tipo de residuo generado, aunque tras las primeras quejas el consistorio corrigió algunos de los aspectos más restrictivos.
Medida desproporcionada y regresiva
Pese a ello, muchos vecinos y comerciantes consideran que la medida es "desproporcionada y regresiva". Argumentan que penaliza a quienes tienen menos tiempo o recursos para cumplir con las condiciones exigidas, y que en determinados casos el sistema resulta especialmente gravoso. La Asociación Prat Gran Comerç, que ha liderado la protesta junto con los ciudadanos Ramón Catalá y Jordi López, ha adviertido de que buena parte de los establecimientos del municipio no se están beneficiando de las bonificaciones, lo que erosiona aún más la frágil situación de muchos negocios locales. En el transcurso de la manifestación, Catalá ha subrayado que “esta tasa no solo afecta a los comercios, sino al tejido social y económico de la ciudad”, una frase que ha sido recibida con aplausos por parte de los asistentes.
La protesta, multitudinaria pero pacífica, ha servido también como altavoz político. Desde la oposición municipal, algunas formaciones como VOX han reclamado la retirada inmediata de la tasa y han acusaron al gobierno local (Comuns y PSC) de cargar sobre la ciudadanía una obligación que se podría haber aplicado de manera más equitativa. Por su parte, el Ayuntamiento de El Prat ha insistido en que la tasa no solo es obligatoria por ley, sino que además se ha acompañado de un sistema de descuentos que garantiza, según sus cálculos, que el importe final sea “especialmente bajo” para la mayoría de hogares y negocios que colaboren. Como medida compensatoria, el consistorio ha anunciado la congelación del IBI para 2025 y ha desplegado campañas informativas para ayudar a los vecinos a adaptarse al nuevo modelo.
Símbolo de desconexión con la ciudadanía
El pulso que se está viviendo en El Prat de Llobregat refleja un debate más amplio: cómo conjugar las exigencias normativas en materia de sostenibilidad con la necesidad de aplicar políticas justas que no castiguen a quienes menos capacidad de adaptación tienen. Lo que para el gobierno local es un paso obligado hacia una gestión de residuos más sostenible, para miles de vecinos se ha convertido en un símbolo de desconexión entre la administración y la vida cotidiana. La movilización de este domingo deja claro que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar sin más un impuesto que perciben como injusto y que reclama diálogo, revisión y transparencia. El futuro inmediato dependerá de si el Ayuntamiento abre espacios de participación y busca fórmulas más equitativas, o si el malestar sigue creciendo hasta convertirse en un problema político de mayor envergadura.
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