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Demolición

07/10/2023@18:30:00
Las obras de construcción de la B-25 en Sant Boi, que fueron suspendidas en 2016, se han reanudado con modificaciones en el trazado original. Una de las primeras actuaciones -y seguramente la más llamativa- ha sido la demolición de las columnas existentes. A cambio, se levantarán doce nuevas estructuras. Además, se realizarán ajustes en las líneas de servicios como electricidad, agua y telecomunicaciones.

El litigio por las naves industriales levantadas ilegalmente en Sant Esteve no tendrá un final feliz: derribo o indemnización millonaria. Ha expirado el plazo concedido al ayuntamiento para que inicie la demolición, lo que aboca al juzgado a tomar medidas drásticas.

El Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires ha ordenado el derribo de tres naves industriales ilegales en el polígono industrial de Sesrovires, tras la amenaza de acciones judiciales hecha pública por parte de los legítimos propietarios del suelo. La demolición es parte de una larga disputa que comenzó cuando se levantaron doce construcciones sin permiso ni autorización en terrenos propiedad de la familia Farràs sin su consentimiento. La familia ha advertido que si no se realizan los derribos emprenderán acciones legales contra el ayuntamiento por prevaricación y no quieren indemnizaciones. Quieren la demolición de las naves y recuperar sus tierras..
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El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 12 de Barcelona ha ordenado al Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires que derribe las naves industriales ilegales en el polígono Sesrovires antes del 30 de junio. El tribunal también exige al ayuntamiento presentar el presupuesto y plan de demolición en un plazo de 20 días. La familia propietaria de los terrenos amenaza con acciones legales si no se lleva a cabo el derribo, pues el incumplimiento puede acarrear responsabilidades penales y multas para los responsables municipales.

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de la familia Farràs contra el derribo de 11 naves industriales en el polígono industrial de Sesrovires en Sant Esteve. La disputa comenzó en 2008 cuando se impugnaron las licencias de obras y los terrenos donde se construyeron unas naves en unos terrenos que se habían vendido sin el conocimiento de los legítimos propietarios, la familia Farràs. El caso, al menos por ahora, se ha decantado definitivamente de parte del ayuntamiento, que está a la espera de la devolución de una fianza de 4,6 millones de euros.