La ampliación del Aeropuerto de El Prat, a pesar de las preocupaciones medioambientales y la oposición de ERC y Comuns, va a seguir avanzando sin obstáculos significativos a cambio de una más que posible co-gestión de la infraestructura por parte de la Generalitat. Pero mientras se materializa el proyecto, el PSC y estos dos partidos que avalan su Govern minoritario (desde la investidura de Salvador Illa como President) van a tener que hacer encajes de bolillos y tener mucha mano izquierda -valga la redundancia- para que no peligre la gobernabilidad autonómica ni tampoco la estatal.
Parafraseando a Enrique IV de Francia, la ampliación del Aeropuerto de El Prat pactada este martes (y con ella el progreso económico de Cataluña) bien vale una misa, o en este caso un pequeño sacrificio medioambiental. Aunque ERC y Comuns, los dos apoyos que mantienen al PSC al frente del Govern en minoría de la Generalitat, son más ecologistas que los socialistas -incluso flirtean con el decrecimiento-, nada hace pensar que la propuesta de prolongación de la pista mar (técnicamente la 24L-06R) a base de morder terreno a las lagunas de La Ricarda y del Remolar vaya a hacer tambalear, y mucho menos a hacer caer, al ejecutivo que preside Salvador Illa. Pero sí que va a poner a prueba su solidez y su capacidad para nadar y guardar la ropa y mantener en paralelo discursos diferentes o complementarios (según venga al caso) en Madrid y en Barcelona.
Parece estar todo dat i beneït, si bien es cierto que el Ayuntamiento de El Prat, abanderado de la lucha contra la ampliación aeroportuaria y fortín municipal de los Comuns, seguirá haciendo la guerra por su cuenta (como cortina de humo, o no), el proyecto no corre más peligro que el rechazo europeo, algo que tampoco parece tener visos de materializarse. Aunque hay quien se encomienda a que la negativa de la Comisión Europea es inevitable para no pecar de incongruente y acallar una posible disidencia interna. Por lo que trasciende del entorno del Govern, ni los republicanos ni los comunes van a utilizar la paralización del proyecto de elongación de 500 metros de la tercera pista como chantaje para arrancar el voto favorable a los presupuestos. Tampoco será una línea roja infranqueable como ocurrió con el Hard Rock, que acabó precipitando la caída del anterior ejecutivo de Pere Aragonés (ERC), aunque se maree la perdiz.
Fuera del debate de investidura
Y es que, si somos rigurosos, el debate aeroportuario nunca ha estado físicamente sobre la mesa de las conversaciones tripartitas ni en el acuerdo a tres del pasado verano ni como condición sine qua non para sostener a Illa ni en los pactos de legislatura. La negociación siempre ha versado más sobre asuntos con más carga ideológica, como el nuevo concierto económico catalán (o financiación singular) que está a punto de ponerse de largo o como la política de vivienda. Por eso no hay menciones ni compromisos no cortapisas por escrito a la ampliación de El Prat, aunque sí que haya declaraciones en contra del proyecto.
Ni siquiera el voto de republicanos y morados directamente falta para que el proyecto avance ya que no requiere de la aprobación del Parlament. Toda la participación de la cámara catalana se reducirá a una comparecencia de Illa –para explicar la propuesta- y a un pleno monográfico extraordinario, que se celebrará el mes de julio, en el que habrá exposiciones, posicionamientos y poco más.
Un nuevo conejo en la chistera
¿A qué se debe entonces este discreto silencio (o en su defecto, débiles discrepancias sin demasiado altavoz de los aliados de Illa? A que esta aceptación de facto tiene recompensa. Y es que todo apunta a que Pedro Sánchez (con Salvador Illa a su vera) no tardará en sacarse un nuevo conejo de la chistera para regocijo de los republicanos: la cesión (aunque parcial y pendiente de definición técnica) de la gestión del Aeropuerto de El Prat a la Generalitat, una vieja aspiración indepe. El traspaso –de acabar de cocinarse- emularía al recientemente realizado en Rodalies, basado en la creación de una empresa pública mixta entre la administración autonómica y la del Estado, a través de AENA.
Fuentes del Govern han confirmado que el acuerdo final todavía tiene que cocerse y que el modelo final de gobernanza de la infraestructura pratense no está ni definido ni cerrado. Sí que queda patente que las partes están al corriente y que el objetivo es que el Govern tenga poder decisorio en un futuro sobre todo lo que se refiera a la gestión aeroportuaria, aunque sea en diferido, a partir de que comiencen las obras de ampliación del Aeropuerto de El Prat, que deberían iniciarse hacia 2027.
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