La propuesta de ampliación del Aeropuerto de El Prat parece más cerca de desbloquearse y ver la luz que nunca. Tras años de debates, estudios y propuestas, la Comisión Técnica —formada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España (MITMA) y de la Generalitat de Cataluña— han consensuado un proyecto de prolongación de la pista 24L-06R (o pista mar) que mejora ambientalmente la propuesta que fue rechazada por el anterior Govern de la Generalitat hace cuatro años. El proyecto para alargar la pista (que pasará de los 2.660 metros actuales a un total de 3.160 metros) afectará parcialmente a la laguna de la Ricarda (pero mucho menos que su anteceso,r que prácticamente la arrasaba) y tocará mínimamente la laguna del Remolar, situada en el otro extremo de la pista.
El plan, presupuestado en 3.400 millones de euros y que incluye otras medidas como la construcción de una nueva terminal satélite, tiene como objetivo convertir El Prat en un hub intercontinental, aumentando su capacidad operativa y, al mismo tiempo, garantizando la preservación de la laguna de La Ricarda, un espacio natural de gran valor ecológico. La ampliación implicará una inversión aproximada de 3.200 millones de euros, que se distribuirán a lo largo del periodo de inversiones incluido en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 3 que debe aprobar el Consejo de Ministro y que fija las inversiones para el cuatrienio 2027–2031. El plan, presentado este martes por el President de la Generalitat, Salvador Illa, incorpora la remodelación de las actuales Terminales T1 y T2, con mejoras añadidas en sus respectivos aparcamientos
Compensar con más espacios naturales
Uno de los aspectos más destacados de este proyecto es su enfoque en la sostenibilidad. La ampliación de la pista y la afectación a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de La Ricarda y el Remolar se compensará con la implementación de más de 270 hectáreas de espacios naturales, la formación de un "anillo verde" en el entorno aeroportuario y la creación de un fondo ambiental para reforzar la protección del Delta del Llobregat.
Para reducir el impacto sobre la laguna de La Ricarda de la anterior propuesta se reducirá la nueva zona pavimentada de la pista mar en unos 90 metros y se moverá 240 metros hacia el norte la zona de seguridad (conocida aeronáuticamente como RESA), que será parcialmente vegetal. La cabecera de la pista más próxima al Remolar se prolongará con una nueva zona pavimentada que ganará otros 60 metros de rodadura que finalizará justo en el borde la laguna, pero dentro del perímetro aeroportuario. Además, se habilitará una RESA parcialmente vegetal como la de la La Ricarda. Con esta planificación, la cabecera del Remolar se utilizaría mayoritariamente para los despegues, para no afectar a las zonas habitadas de Gavà, Viladecans y Castelldefels.
Reconfiguración de la laguna
Esta propuesta pactada entre Ministerio y Govern garantiza el futuro de la Ricarda, que conservará la lámina de agua y el brazo que conecta con el mar, lo que blinda el cuerpo principal de la laguna. Sin embargo, el humedal tendrá que reconfigurarse manteniendo su actual extensión, una operación que no tendría por qué afectar a las aves que anidan en el territorio. De hecho, la mayoría de las lagunas del Delta del Llobregat o bien son artificiales o se han ido modificando históricamente por necesidades agrícolas, básicamente.
Pero, para prosperar del todo y llevarse a cabo, el proyecto debe pasar un unico filtro importante: la Comisión Europea, ya que no necesita del respaldo del Parlament pese a que el PSC de Illa está en minoria. Sin embargo, Comuns y ERC -los dos partidos que apoyaron la investidura de Salvador Illa, podrían amenazar con bloquear los presupuestos en la cámara catalana como medida de presión, algo que no parece que vaya a producirse dada la buena sintonía existente entre las tres formaciones. A cambio de no sabotear las cuentas autonómicas, Illa -y por supuesto el Gobierno de Pedro Sánchez, estarían negociando con los republicanos una cesión parcial de la gestión del aeropuerto a la Generalitat, en términos similares a los del reciente traspaso de Rodalies, con la creación de una empresa pública mixta de las dos administraciones.
Razones de imperioso interés público
Aún en el caso de que el documento evite vetos indirectos en Cataluña, y el Consejo de Ministro lo incluya en la DORA 2027-2031, todavía se debería pasar el filtro europeo. Y es que las autoridades españolas tienen que convencer a la Comisión Europea de que la modificación de las ZEPA y el rediseño de La Ricarda (regulada por la Unión Europea dentro de la red Natura 2000) responde a “razones de imperioso de interés público de primer orden”, el único supuesto por el que un estado puede solicitar a Europa la modificación de un espacio protegido si no queda otra alternativa y siempre que vaya acompañado de las pertinentes compensaciones ambientales.
Si se consigue la aprobación técnica del proyecto, el siguiente paso será iniciar el proceso de consultas con las aerolíneas para definir los detalles operativos. Se espera que si el viento sopla a favor las obras podrían comenzar en el plazo de dos años con el objetivo de que la ampliación esté operativa a partir de 2031. Este proyecto no solo potenciará la infraestructura aeroportuaria, sino que también contribuirá al desarrollo económico y social de la región, creando empleo y mejorando la conectividad internacional de Barcelona, algo que encaja con el “interés público de primer orden” que exige la comisión.
Oposición y recelo en El Prat
Por otro lado, la alcaldesa del Prat de Llobregat, Alba Bou Jordà (Comuns), ha lamentado este martes que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya presentado su propuesta de ampliar la tercera pista del aeropuerto de El Prat, afectando los espacios naturales de la Ricarda y el Remolar, sin consensuarla ni siquiera compartirla con el territorio afectado. Bou ha indicado que “desconoce la literalidad del proyecto y que las informaciones que se ha hecho públicas plantean más preguntas que respuestas, como por ejemplo la afectación real en el territorio de El Prat, en el delta del Llobregat y en los municipios de alrededor, así como en los ecosistemas de los espacios protegidos, los espacios agrícolas y la playa de la ciudad”.
Bou ha dejado patente su preocupación por las compensaciones ambientales del proyecto y ha resaltado que aún siguen pendientes las medidas correctoras pactadas tras la anterior ampliación del espacio aeroportuario. La alcaldesa de El Prat ha criticado que el proyecto de ampliación “no mira hacia el futuro”, pues, además de robar espacio a la laguna de la Ricarda, también afecta parcialmente a la laguna del Remolar, ambas Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Como colofón, Alba Bou ha anunciado que están a la espera de recibir esta propuesta y estudiarla y que se aferrará a todos los argumentos jurídicos y administrativos posibles que sirvan para defender los espacios naturales protegidos con el fin de evitar la ampliación.
Paz acústica garantizada en Gavà
Por el contrario, la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, ha aplaudido la propuesta porque “garantiza la paz acústica” en el municipio, una exigencia que el consistorio siempre ha considerado como una “línea roja”. Badia ha aclarado que, en cualquier caso, el consistorio “velará porque las cosas se hagan bien”. Motivo por el cual tiene previsto seguir muy de cerca “el desarrollo de la propuesta en todas sus fases”, ha remarcado la alcaldesa.
Si (
No(
