Numerosos vecinos de Cornellà, agrupados en una plataforma cívica. denuncian que las nuevas restricciones de tráfico que va a acarrear ampliar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a todo el municipio va a penalizan a los barrios más vulnerables, lo que está levantando una fuerte indignación vecinal. El nuevo sistema de apliacción de las restricciones, que incluye bolardos bolardos y cámaras de control , se ha estrenado con numerosos fallos técnicos que afectan tanto a residentes como a los servicios de emergencia. Los afectados, que ya han recogido un millar de firmas de apoyo, denuncian que se sienten ignorados y penalizados por una política municipal que, en nombre de una supuesta mejora del medio ambiente, castiga a los de siempre, sin ofrecer alternativas reales a cambio.
La idea de una ciudad más limpia y respirable suena bien. Pero ¿qué ocurre cuando las medidas para lograrla se aplican sin suficiente diálogo, sin garantizar alternativas reales y, sobre todo, sin corregir los errores técnicos que penalizan a quienes menos opciones tienen? En Cornellà de Llobregat, muchos vecinos sienten que las nuevas restricciones al tráfico no solo no les protegen, sino que les complican la vida diaria. Y es que convertir la ciudad en unba enorme Zona de Bajas Emisiones (ZBE), como también es L'Hospitalet, no ha comenzado con buen pie.
Tal como ha publicado El Periódico de Catalunya, el Ayuntamiento de Cornellà ha decidido ampliar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a todo el término municipal, tras reformular la ordenanza que el año pasado fue anulada por la justicia. La medida se ha presentado oficialmente como una apuesta firme por la sostenibilidad, pero en los barrios de Gavarra y el Pedró, donde ya se han instalado los primeros bolardos automáticos y las cámaras de control de matrículas, la indignación se extiende como un reguero de pólvora.
“No buscamos una guerra, pero sí soluciones”
Ana Padilla, vecina de Gavarra, lidera un grupo vecinal que recopila incidencias y propone mejoras al sistema de ZBE total que se les ha impuesto. “Lo que queremos es acercar posturas, hablar con el Ayuntamiento, resolver los problemas”, ha afirmado. Pero las presuntas buenas intenciones chocan con una realidad que muchos vecinos califican de “injusta”: bolardos que se activan solos, vehículos que no son reconocidos por las cámaras, ambulancias que tardan más en llegar, coches dañados y comercios afectados por la caída de clientes. Pocos beneficios visibles más allá de la intangible mejora ambiental.
La plataforma ciudadana ya ha reunido más de mil firmas contra un sistema que consideran fallido desde su implantación en marzo y abril de este año. Y mientras tanto, la movilidad en estos barrios se ha convertido en un rompecabezas para quienes tienen que trabajar, atender a familiares o simplemente desplazarse.
Tecnología sin respaldo… ni respuesta
Desde el Ayuntamiento, la primera teniente de alcalde, Emilia Briones, ha reconocido al rotativo barcelonés que se han producido “algunos problemas tecnológicos”, pero los minimiza frente a los beneficios que, según defiende, aportará el nuevo sistema de control. Entre ellos, una supuesta reducción de la contaminación en calles como Ermengol Goula,un extremo que la vecindad cuestiona. “Ya casi no pasaban coches antes”, han recuerdado los afectados, por lo que poca contaminación queda por eliminar.
Briones ha alegado que las cámaras del sistema contribuyen también a la seguridad colectiva. De hecho, la concejal ha citado el reciente caso de la detención en el municipio de una persona que estaba en busca y captura y que fue detectada mientras conducía su vehículo gracias al lector de matrículas. Sin embargo, la mayoría de los vecinos sienten que se está justificando una mera "política de vigilancia" a costa de su movilidad diaria.
Una política verde… que castiga a los de siempre
La ampliación de la ZBE a toda la ciudad ha sido posible gracias a la ingente llegada de fondos europeos Next Generation. Pero lo que en los papeles suena a modernización, en las aceras se percibe como desigualdad. Porque quienes más sufren y van a sufrir las restricciones circulatorias son precisamente los vecinos de clase trabajadora, los que tienen menos recursos para cambiar de coche, pagar aparcamientos alternativos o para asumir por adelantado las sanciones por errores del sistema.
“No estamos en contra del medio ambiente”, ha insistido Padilla. “Yo misma voy andando a todas partes. Pero no puede ser que se implanten estas medidas sin escuchar a quienes vivimos aquí, sin prever alternativas y sin corregir fallos que llevamos meses denunciando”, ha subrayado con vehemencia.
Una protesta que crece
La tensión llegó a uno de sus puntos álgidos durante las últimas fiestas locales del Corpus, celebradas el pasado mes de junio. Aprovechando los festejos, el vecindario organizó una protesta simbólica para visibilizar su malestar. Lo que empezó como un grupo de WhatsApp para recoger quejas y opiniones, como otros tantos, ha acabado convertido en una red organizada que exige respeto a las instituciones, soluciones técnicas y diálogo real. Porque la situación no se sostiene.
Mientras tanto, y a pesar del ruido de los tambores de guerra, el Ayuntamiento de Cornellà sigue defendiendo su modelo de ZBE generalizada como una apuesta necesaria ante la incuestionable emergencia climática. Pero la auténtica cuestión de fondo sigue en el aire como una pregunta sin respuesta: ¿Puede haber justicia climática sin justicia social previa? Hay tribunales que piensan que no.
Si (
No(
