Numerosos municipios catalanes están aprobando normativas que prohíben fumar en sus playas.
Una medida que busca preservar la salud pública y la calidad del medio ambiente, especialmente de los ecosistemas marinos. Una vez más, el debate entre libertad individual y bienestar colectivo asoma por el horizonte.
Los argumentos a favor de la prohibición son contundentes. Por un lado, el humo del tabaco afecta a los no fumadores, incluyendo niños y personas mayores, y a todo aquél que entiende y defiende que la playa debe ser un espacio de descanso o de ocio saludable. Además, las colillas, tan comunes en nuestras playas, no solo contaminan la arena y el mar con sustancias tóxicas, sino que tardan años en degradarse.
En el otro lado, tenemos a los que consideran que la prohibición total es excesiva, que se criminaliza un hábito que sí está permitido en muchos espacios públicos. Para ellos, sería suficiente con sancionar a aquellos que tiren colillas en la arena, o, como mucho, con crear zonas delimitadas para fumadores en las playas.
La clave de este debate radica en dilucidar si es necesario legislar para proteger espacios comunes como las playas o bastaría con apelar a la conciencia ciudadana. Y como ruido de fondo, oímos las voces de aquellos que suelen acusar a las administraciones de excesos legislativos y afán prohibicionista, por un lado, y las de aquellos otros que suelen reprochar a esas mismas administraciones que no regulan con suficiente decisión la protección de los espacios naturales.
Busquemos una respuesta trasladando el debate a nuestra lógica territorial. La gran mayoría de los municipios de nuestra comarca apuestan de manera clara por la salud y la conservación de nuestros entornos naturales. En este contexto, donde el cambio climático y la protección ambiental son una prioridad, parece coherente aplicar normativas para disfrutar de playas más limpias, saludables y sostenibles. Playas sin humo. III