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tribunal supremo

16/08/2025@13:00:00

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a 29 años y 9 meses de prisión para Andrés Ángel S.M., responsable del asesinato machista de su pareja en Sant Joan Despí en enero de 2020. La sentencia también confirma la indemnización de 440.000 euros a los familiares de la víctima, quien fue estrangulada en su hogar. El Supremo ajustó la pena por el delito de robo, considerándolo como un robo con violencia y no como un robo con violencia en casa habitada, ya que el condenado vivía con la víctima. Sin embargo, se mantienen los cargos por maltrato habitual, asesinato con alevosía y estafa continuada.

Por Antonio Sanz Pérez

A veces se escriben artículos amparados en sentencias que no se ajustan a la realidad, por la imperiosa necesidad de ser los primeros en publicar una noticia que genere impacto en la sociedad. Pero se cae en la trampa de errar en el tiro, poniéndote en evidencia y generando confusión a las persones a las que va dirigido.

El partido liberal ha presentado ante el Ayuntamiento de Sant Climent un requerimiento para que restituya de manera inmediata la bandera de España y la Señera en el edificio consistorial.

Miguel García, portavoz de CS en el Ayuntamiento de l'Hospitalet, recordó que “el consistorio establece el catalán como lengua "preferente" en sus comunicaciones, excluyendo así al castellano, que es lengua mayoritaria y oficial en Cataluña. Esto vulnera la Constitución, la ley y las sentencias judiciales. Por ello, piden al PSC que no vulnere los derechos de los hospitalenses para complacer a los independentistas”.
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El apagón masivo en España ha causado confusión y daños a millones de personas. Los afectados pueden reclamar a la distribuidora de energía o a su aseguradora si tienen cobertura. Los trabajadores no deben recuperar horas perdidas, según el Estatuto de los Trabajadores. Es crucial guardar pruebas para justificar reclamaciones.

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de la familia Farràs contra el derribo de 11 naves industriales en el polígono industrial de Sesrovires en Sant Esteve. La disputa comenzó en 2008 cuando se impugnaron las licencias de obras y los terrenos donde se construyeron unas naves en unos terrenos que se habían vendido sin el conocimiento de los legítimos propietarios, la familia Farràs. El caso, al menos por ahora, se ha decantado definitivamente de parte del ayuntamiento, que está a la espera de la devolución de una fianza de 4,6 millones de euros.

TRIBUNALES

El Tribunal Supremo deberá decidir si se derribar las 12 naves industriales ilegales construidas en Sant Esteve Sesrovires o compensar económicamente a sus propietarios.Los propietarios prefieren el derribo para que la indemnización no deba asumirla el ayuntamiento.